BUENOS AIRES (DyN) - La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) y el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Buenos Aires replicaron ayer los "razonamientos simplificadores" que responsabilizan a la Justicia por la inseguridad, y advirtieron que es obligación del "poder político" brindar las condiciones para que un ciudadano no se convierta en delincuente.
El pronunciamiento es una respuesta a la presidenta Cristina Fernández, que había dicho que "la policía detiene, detiene y la justicia libera, libera" y a su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, quien convocó a los jueces a "ponerse los pantalones".
La FAM y el Colegio de Magistrados bonaerense advirtieron que "en menos de una semana desde las instancias más altas del poder político se ha insistido varias veces en ese sentido" y se quejaron por "la debilidad del argumento, con el que se pretende eludir responsabilidades propias en una materia tan grave".
"Digámoslo claramente: más temprano o más tarde, las personas que cometieron delitos saldrán de la cárcel. Todos los días se cumple el plazo de numerosas condenas", dijeron Abel Fleming, titular FAM, y Carlos Lami, del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia. Los jueces remarcaron que "las razones por las cuales un individuo se convierte en un delincuente son muchas, complejas y ajenas en su mayoría a las posibilidades de intervención directa de los jueces, ya que se trata de la aplicación de políticas de Estado y la implementación de modelos sociales y económicos cuyos diseños y consecuencias pertenecen a la órbita de responsabilidad del poder político".
El Gobierno nacional, a través del ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a lanzar reclamos a los jueces, pidiéndoles que "cumplan con la ley, ni con mano dura ni blanda" para combatir la inseguridad.
En tanto el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) manifestó su "preocupación" por las propuestas para "aumentar el poder represivo del Estado sobre las personas menores de edad". Expresó que "Las declaraciones de altos funcionarios nacionales y provinciales desconocen que el funcionamiento de los sistemas penales en la Argentina se basa fundamentalmente en el encarcelamiento", y que recientes reformas "han profundizado esta tendencia sin dar mayores respuestas" al problema.
