SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Un grupo de docentes encabezados por la Unter presentó ayer ante el CPE un petitorio con cientos de firmas para exigir la derogación de dos resoluciones que entorpecen la cobertura de puestos vacantes en numerosas escuelas de la región.

El gremio formuló también una denuncia ante el Inadi, en razón de que las medidas dispuestas por el gobierno provincial impiden la designación provisoria de docentes que no tengan título habilitante emitido en Río Negro y también porque definen los nombramientos por el domicilio del aspirante antes que por su capacitación.

El delegado provincial del Inadi, Julio Accavallo, reconoció que en principio las resoluciones cuestionadas "afectan la libertad de trabajo" y cursó un escrito al Consejo de Educación para que efectúe su descargo.

El secretario general de Unter Bariloche, Jorge Molina, dijo que la obligación de contar con título rionegrino para inscribirse en los listados Fuera de Término "es una ley de arraigo encubierta y deja a muchos docentes sin empleo".

Explicó que ese listado suele ser utilizado para cubrir los puestos docentes que quedan vacantes a lo largo del año por renuncias o licencias.

En cuanto a la otra resolución atacada, el dirigente señaló que "atenta contra la carrera docente" y también es "antiestatutaria" porque otorga mayor valor al domicilio que al puntaje, con lo cual "un maestro que vive en Dina Huapi, por más que tenga una alta capacitación y antigüedad no puede aspirar a tomar horas en Bariloche".

Según Molina, esas medidas ya están provocando serios perjuicios no sólo a los educadores sino también a los chicos "porque muchos cargos no se cubren y los cursos quedan sin maestro y sin profesor".

La delegada del CPE, Beatriz Oliva, dijo que las dos resoluciones que están vigentes desde julio habían sido "ratificadas" por las autoridades de Educación, pero reconoció que generan "una situación difícil" al menos en Bariloche.

Aceptó también que en febrero próximo la situación se agravará, porque es probable que queden más cargos sin cubrir.

Molina dijo que de esa forma "va a haber 180 días de clase, pero con alumnos sin docente" y le advirtió a la funcionaria que de agravarse el conflicto la presión la ejercerán no sólo los maestros y profesores excluidos, "sino también los padres, que reclamarán por la educación de sus hijos".

También rechazó el interés del Ministerio de Educación por privilegiar el domicilio del docente para pagar menos adicionales por movilidad. Molina aseguró que ésa no es una reivindicación de la Unter, "porque si hubiera salarios dignos podría desaparecer la movilidad".

El gremio pidió la inmediata derogación de las resoluciones 1.127/08 y 1.586/08, y adelantó que de no obtener respuestas recurrirá a la Justicia.