Existen en el mundo 862 millones de personas con problemas severos de nutrición, mientras que en América Latina 9 millones de niños menores de 5 años son víctimas de desnutrición y 30 millones padecen hambre. La escasez de alimentos es una realidad cruda y apremiante. Simultáneamente, debemos tener en cuenta los efectos del cambio climático sobre la producción alimentaria, a partir del mayor riesgo de sequía, las precipitaciones más irregulares y los fenómenos meteorológicos extremos. A todo ello, se suma la creciente demanda de biocombustibles producidos a partir de cereales como el maíz, sorgo, trigo y cebada, o de semillas oleaginosas como el girasol, soja y ricino.

Nos encontramos ante un escenario complejo, donde las necesidades en materia de seguridad alimentaria y de desarrollo sostenible se ven afectadas por el cambio climático, el incremento de precios de los alimentos y una creciente demanda de biocombustibles producidos a partir de cultivos alimentarios. La situación resulta alarmante, sobre todo si tenemos presente que la alimentación es un derecho humano y que la generalizada escasez de alimentos desencadena en un sinfín de consecuencias indeseadas, que van desde el malestar y la violencia social hasta la degradación del medio ambiente, al tiempo que socava el desarrollo de toda una generación, de la cual dependerá el mundo en el futuro.

Los riesgos deben tenerse en cuenta desde ahora y el análisis de la seguridad alimentaria debe situarse en un contexto completamente nuevo.

Ordenamiento territorial: el eje fundamental

Existen posiciones encontradas respecto de las causas y soluciones de esta problemática. En la declaración final de la Conferencia de expertos en Seguridad Alimentaria, organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los líderes del mundo se comprometieron a ayudar a los países en desarrollo a expandir la agricultura y la producción de alimentos, así como a incrementar la inversión en esa actividad, en agronegocios y desarrollo rural. El gobierno de la Argentina no firmó esta declaración porque consideró que las causas de la problemática del hambre no se encuentran exclusivamente en la producción de alimentos sino también en su distribución. Asimismo, cuestionó las políticas proteccionistas llevadas a cabo por los países centrales desde los ´70 en adelante. Por su parte, Brasil manifestó que una producción criteriosa de biocombustibles puede ser una oportunidad de desarrollo para los países del cono sur.

Sin emitir juicios de valor sobre la validez de cada una de estas posiciones, hay un factor fundamental a tener en cuenta en la búsqueda de un equilibrio entre la agricultura para la alimentación y la producción de biocombustibles: el correcto uso del suelo. Es necesario avanzar en una política de ordenamiento territorial, algo fundamental para cualquier población que quiera definir y potenciar su perfil productivo, con un uso sustentable de sus recursos y el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía. De esta forma se limitan las expansiones sobre áreas boscosas y ecosistemas frágiles y se respetan los nichos naturales de la tierra.

Asimismo, es necesario investigar y realizar estudios para asegurar que la producción y la utilización de biocombustibles sean mantenidas de acuerdo con los tres pilares del desarrollo sostenible: capital natural, capital humano y capital social (en el que se incluye el económico). Hasta ahora se han tendido en cuenta principalmente las variables económicas, mientras que los factores ambientales y sociales apenas fueron considerados a la hora de evaluar las diferentes alternativas.

Todo esto implica para el empresariado y las economías nacionales dejar de lado las visiones cortoplacistas y dependientes de los precios internacionales, que derivan en una producción monocultivo y en un perfil orientado a la producción primaria, que genera una sobreexplotación de los recursos naturales.

Un ordenamiento territorial integral en el que se tengan en cuenta las visiones de todos los sectores sociales, donde estén reflejados sus intereses y necesidades en un marco de preservación del bien común y el respeto por el medio ambiente y los recursos naturales, es un paso primordial en este debate sobre la alimentación.

Desde el gobierno nacional, así como desde el provincial, se ha comenzado a andar este camino y el Estado ha recuperado el rol en los procesos de desarrollo y planificación, respetando a su vez las competencias y jurisdicción de los distintos actores (federal, provincial y municipal) en un contexto de participación y formación de consensos. En este punto, cabe a los dirigentes asumir un papel protagónico en la implementación de políticas públicas que combinen viabilidad técnica, política y ambiental en pos del adecuado uso del suelo, en las que se incorporen conceptos de sostenibilidad, equidad y responsabilidad. El fin último así lo justifica: trabajar hacia una mayor equidad para que la alimentación sea un derecho extendido y mantener el equilibrio entre los distintos subsistemas que conforman la sociedad para alcanzar un desarrollo con sustentabilidad.

GRACIELA MUÑIZ SAAVEDRA (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Diputada bloque MPN del Neuquén