La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, pidió a la Legislatura que investigue si existe un enriquecimiento del legislador Daniel Sartor que no se corresponda con sus ingresos declarados, lo que constituiría una infracción a la ley de Ética e Idoneidad de la Función Pública Nº3550.

En una presentación remitida ayer al presidente de la Legislatura -el vicegobernador Bautista Mendioroz- Piccinini reseñó que, según informes del Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro, Sartor y su esposa poseen 13 propiedades en Roca y Viedma, mientras que la mujer, además, -en condominio con la hermana y la madre del legislador- es titular de un valioso departamento en avenida Santa Fe casi Armenia, frente al Jardín Botánico de Buenos Aires, en uno de los más cotizados sectores del barrio de Palermo, cuyo valor rondaría el millón de pesos. Por otro lado, atribuye a Sartor dos vehículos: una Suzuki Grand Vitara 2004 y un Citroen C-5 cuyos valores oscilarían los $ 60.000 y $ 80.000 respectivamente.

Piccinini invocó para su presentación las facultades que le dan la Constitución y la ley reglamentaria de la Defensoría, y la Ley de Ética Pública provincial.

La defensora afirmó que por un relevamiento que efectuó atendiendo "a diversas denuncias que he recibido, y a sus resultas, surge en principio un incremento desproporcionado en el patrimonio del legislador Daniel Alberto Sartor y su grupo familiar, sin que medien causas atendibles para ello, tomando como referencia los ingresos conocidos". El artículo 13 de la ley de Ética Pública prevé que cuando se advierta en un funcionario o agente público un incremento desproporcionado a los ingresos conocidos durante el ejercicio de su cargo y sin que medien causas atendibles para ello, deberá ponerse en conocimiento del titular del poder u organismo al que pertenezca el funcionario o la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. De allí que pidió la intervención del presidente de la Legislatura.

Afirmó que todo lo expresado está respaldado por prueba documental que acompaña, y presentó además varias fotos de la residencia en construcción en Viedma y del frente del edificio donde se encuentra el departamento en Buenos Aires.

Reproduce Piccinini que el Registro de la Propiedad Inmueble le informó -a su pedido- sobre los bienes a nombre de Daniel Alberto Sartor, de María Angélica Cartolano -cónyuge del legislador-, de Daniel Héctor Fernández y de una cuarta persona, cuyos datos no proporcionó.

De la contestación surge que a nombre de María Angélica Cartolano de Sartor se encuentran inscriptas seis parcelas: las Nº8 y 9 de la manzana 734 de Roca; la Nº2 de la manzana 797 de Roca -ubicada en barrio parque San Juan- y las Nº12 y 13 de la manzana 593 de Roca, en el barrio Los Olivos. Además, la Nº16 de la manzana 541 de Viedma, correspondiente a Flores del Campo Nº580 del barrio Don Bosco, donde se construye una importante residencia.

A nombre de Sartor, figuran también la parcela de barrio parque San Juan y las 8 y 9 de la manzana 734 de Roca, mientras que a su exclusivo nombre figuran además la parcela Nº9 de la manzana 269 de Roca correspondiente a calle Uruguay entre Roca y España, la parcela 19 de la manzana 429 de Roca en Barrio Aero Club, y las parcelas Nº13, 9, 5, 3 y 14 de la manzana 747 comprendida entre 25 de Mayo, Cipolletti, Irigoyen e Islas Orcadas del Barrio Parque San Juan.

Respecto del departamento en Capital Federal, afirma que María Angélica Cartolano ostenta el 50% del dominio mientras que la otra mitad la comparten la hermana y la madre del legislador Sartor. El departamento tiene 173 metros cuadrados, con una unidad complementaria y sótano de 7 m2.

La propiedad está identificada como circ. 18, sección 19, MZNA 170, parcela 32, ubicada en Avda. Santa Fe Nº 3918, entre las calles Armenia y Gurruchaga, frente al Jardín Botánico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un valor escriturario de 140.000 dólares. No obstante, por tasaciones de bienes similares que solicitó en inmobiliarias de la zona capitalina, Piccinini expresa que el valor real de mercado podría rondar entre los 600.000 pesos y el millón de pesos.

La defensora pidió a Mendioroz que realice el sumario correspondiente, averiguando el domicilio y la tasación de los bienes que ella no incluyó, y que requiera al Tribunal de Cuentas de la provincia la declaración jurada de Sartor a fin de compararla con las propiedades y bienes a su nombre, haciendo operar la excepción al principio de confidencialidad de ese documento planteado por la ley de Ética Pública. Le requirió además que notifique a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y que, si del sumario surge presunción de la comisión de algún delito, traslade el caso a la justicia.