La confiscación de los fondos de los futuros jubilados, por parte de los Kirchner, muestra que su capacidad para socavar los pilares de un país republicano no conoce límites. En un momento en que el mundo está intentando recuperar la confianza en el sistema financiero, las autoridades locales parecen querer darles el golpe de gracia a las instituciones, tras haber destruido la credibilidad en la moneda local por la manipulación del CER, la confianza en las estadísticas públicas y dejado la constitucionalidad del país en estado penoso.

En un primer lugar esta medida va en contra de la decisión adoptada por los millones de afiliados que eligieron quedarse en el régimen mixto hace tan solo un año, justamente para evitar este tipo de atropellos por parte del gobierno. Como el resultado no fue el esperado, las autoridades ahora toman la medida en forma compulsiva, amparándose en mentiras y acusando a la gente de miope. Es decir, que el kirchnerismo separa a los ciudadanos en dos: los iluminados (ellos) y el resto, justificando con la ignorancia de este resto la violación a las libertades individuales que son el sustento de cualquier democracia.

El objetivo no es rescatar a los futuros jubilados sino hacerse de caja ante la imposibilidad de realizar una política fiscal contracíclica en el actual contexto económico, tras haberse gastado todos los recursos durante la época de bonanza creyendo que el precio de la soja y otros commodities iba a subir hasta las nubes.

El gobierno pretende asegurarse ingresos anuales por AR$15.000 millones a cambio de un pasivo contingente de mucho mayor costo por la inviabilidad actuarial del régimen. Es decir, pan para hoy (y para las elecciones del año que viene) a cambio de hambre para mañana. ¿Cómo puede el gobierno garantizar las futuras jubilaciones cuando no está cumpliendo con los "actuales" jubilados?

El proyecto de ley enviado al Congreso tiene sólo 9 páginas, a pesar del carácter estructural del tema, omitiendo escenarios de sustentabilidad y análisis de variables demográficas que son fundamentales para tomar decisiones de esta naturaleza. En el pasado, en otros países llevó años evaluar una modificación del sistema de seguridad social. Es una muestra más del grado de improvisación de la administración oficialista, como fueron las propuestas aparentemente abandonadas de pagar al Club de París o la de la reapertura del canje de deuda.

No puede negarse que aunque el sistema sea estatal o mixto, probablemente termine en graves dificultades si el 50% de la población económicamente activa opera en la informalidad o directamente no tiene empleos. Pero votar este proyecto no sólo no soluciona este problema, sino que traerá aparejado un mal mayor.

A pesar de los aplausos, violar alevosamente los derechos de propiedad, y de esta forma cambiar constantemente las reglas de juego, no es algo para festejar. Esto destruye el mercado de capitales locales y con ello la inversión futura, siendo la contrapartida el empeoramiento de la situación de los trabajadores. El colapso del valor de las empresas refleja esta nueva realidad.

La administración kirchnerista ya ha estatizado Aerolíneas Argentinas, Aguas Argentinas y otras empresas. Ahora van por la parte menor de gestión privada del sistema previsional, con lo que también tendrían injerencia en los directorios de empresas particulares. El eslogan de campaña "El cambio recién empieza" se está cumpliendo, lamentablemente el cambio nos acerca más a la "chavización" de la economía que a un verdadero desarrollo.

RICARDO LÓPEZ MURPHY (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Economista. Ex candidato presidencial