VIEDMA (AV)- Los privados se metieron en la puja por el presupuesto provincial y le reclamaron al Estado que asegure una partida exclusiva para la construcción de edificios públicos ante la notoria falta de inversión en ese sentido.

Una salida elegante a los altos costos de alquileres que paga la administración pública rionegrina sería sancionar una ley que ponga límite a esta situación.

La propuesta consiste en que a partir del próximo presupuesto se incluya un porcentaje para que en el plazo de 10 años, la provincia pueda diluir paulatinamente las sumas que destina a contrataciones de inmuebles.

El planteo surgió de la Cámara de Comercio capitalina al cobrar trascendencia pública una serie de operaciones con inversionistas -que no pertenecen al rubro de inmobiliarias-, y que en los últimos tiempos resolvieron dedicarse a la construcción del tipo llave en mano. El grupo se encasilló exclusivamente en promover la asignación para oficinas públicas.

La última negociación conocida, le dejaría al inversionista una renta mensual con la Justicia por tres plantas en propiedad horizontal, a razón de 40.000 pesos mensuales; según revelaron a "Río Negro" fuentes privadas.

El Ministerio de Educación no se queda atrás ya que en el último año hizo contrataciones por unos 33.000 pesos para el despacho principal, y mantiene una discusión por otro edificio que paga 19.000 pesos. El propietario pidió un reconocimiento de 300 por ciento. La cartera educativa tendría unos 11 inmuebles alquilados.

En ese mismo tiempo, el gobierno recibió recientemente una oferta -que finalmente rechazó- por unos 20.000 pesos mensuales aunque debía llenar una estructura de cemento y compensar la inversión.

Los corredores inmobiliarios no tendrían ninguna injerencia en este tipo de negociaciones. La entidad empresarial remitió una nota al gobernador Miguel Saiz expresándole la preocupación ante los efectos que causa la demanda de inmuebles destinada a atender la funcionalidad de las distintas dependencias.

Considera que las cuestionadas inversiones "distorsionan" los valores inmobiliarios y los alquileres que alcanza también a las unidades habitacionales poniéndolas a niveles insostenibles.

El presidente Hugo Repucci interpretó que "este tema aparentemente positivo, no lo es tanto, por cuanto impide la instalación de pequeños y medianos negocios".

Para los empresarios, la situación debe tener una transición programada que no perjudique la actividad económica, y cree una mecánica que oriente al reacomodamiento inmobiliario hasta llegar al equilibrio de valores razonables.

En ese sentido, se mencionó que se está ante la oportunidad política de utilizar el efecto de la inversión del Estado orientada, ordenada y sostenida en el tiempo para que la provincia cuente con sus propios edificios.