El gobierno comienza a percibir que no le será fácil contar con los votos necesarios para aprobar el audaz proyecto de ley que envió al Congreso para estatizar del sistema previsional.
Muchos son los diputados que ya adelantaron que resistirán el proyecto oficial tal como está. Los indecisos parecen ser más. Hay un punto esencial que opositores -e incluso peronistas- no están dispuestos a admitir: que se viole la intangibilidad de los fondos. Dicho de otro modo, que se use el dinero de los jubilados para el objetivo que sospechan: la necesidad de Cristina de resolver los urgentes problemas de caja para el pago de gastos corrientes y compromisos de deuda.
El Ejecutivo no quiere repetir el escarnio de la resolución 125 en el Parlamento. Intentará con todos los medios a su alcance que la reforma previsional sea convertida en ley antes de que finalice el año, admitiendo algunas concesiones pero -todo indica- no la relativa a la intangibilidad. Es que, al fin y al cabo, "hacer caja" en medio de la escasez fue lo que motivó al gobierno a confiscar los fondos de las AFJP.
Gran parte de los fondos que necesita el gobierno para poder cerrar sin problemas sus desfases presupuestarios debería estar disponible en el primer trimestre del 2009. Lo que se discute es el ingreso de cerca de 94.000 millones de pesos a la Anses que se acumularon en los últimos 14 años en el sistema privado y unos 13.000 millones de pesos que irán al Estado cada año por el aporte de quienes estaban en las AFJP.
Agustín Rossi -titular de la bancada oficialista en Diputados- y Miguel Pichetto, su par en el Senado, trajinarán tanto como lo hicieron con el conflicto del campo. La consigna: no cometer errores. Desde el jueves que se están delineando distintas estrategias para llevar adelante el proyecto en el Congreso. La "carpa chica" del kirchnerismo está reunida en Olivos y fuentes llegadas a este núcleo de poder aseguran que la administración CFK estaría dispuesta a entregar lo necesario para no revivir el fracaso en el Congreso de la resolución 125.
? Negociará con las provincias, a cambio de los votos de sus legisladores, mayores transferencias de recursos desde la Nación ya sea vía fondos para ejecuciones no específicas o a través de obra pública, una demanda que los gobernadores vienen realizando hace tiempo luego del freno que puso la Nación a las transferencias a fines del año pasado. El tema de las viviendas y obras de infraestructura es clave.
? En este sentido, el Ejecutivo dará batalla por tener disponibilidad sobre los más de 30.000 millones de dólares que lleguen luego del traspaso de los ahorros de los afiliados de las AFJP aduciendo que mucho de ese dinero puede destinarse como inversión hacia las provincias. Uno de los argumentos para rechazar la intangibilidad será sin dudas la necesidad de los estados del interior en materia de recursos y obras.
? La administración K dispondrá de fondos específicos para montar una gran campaña publicitaria buscando de esta manera persuadir a la población de que la mejor manera de mantener sus ahorros en el sistema previsional es que estén en manos del Estado. El apoyo de la opinión pública será determinante para lograr presión sobre el Congreso. La idea es mostrar el lado negativo de las AFJP haciendo fuerte hincapié en la crisis financiera internacional y sus efectos sobre las inversiones que realizaban estos fondos de capitalización.
? Promoverán un acercamiento a los radicales K y en especial al vicepresidente Cobos, para diferenciarse de lo sucedido con el campo.
? Un problema sin resolución aparente por el momento son los peronistas disidentes. Aquí hay figuras de renombre que pueden arrastrar legisladores para su molino, lo que complicaría mantener "la tropa justicialista unida". Es el caso del diputado nacional Felipe Solá, que tomó distancia de los K para alinearse al "duhaldismo". Para muchos de estos referentes de un peronismo herido, la negociación de los próximos días en el Congreso va mucho más allá de la reforma jubilatoria.
? De las 257 bancas que existen en la Cámara de Diputados, el kirchnerismo cuenta con 127 legisladores y para lograr el quórum necesario necesita sumar dos de la oposición para llegar a las 129 bancas. Hoy los números muestran que el proyecto oficial, sin cambios, no sería aprobado.
? No se realizarían actos públicos para defender la jubilación estatal, aunque sí -a partir del lunes- en cada acto de campaña (inauguración de obra pública, anuncios de inversiones, etc.) los oradores del oficialismo se pondrán al frente del discurso oficial. (Redacción Central)
