Sin la solemnidad de Adolfo Rodríguez Saá, pero con una ovación similar de por medio, Cristina Fernández de Kirchner anunció hace dos días un nuevo y ominoso default para la República Argentina. Fue, es cierto, una cifra mucho menor que aquel otro del 2001, porque en este caso se trata de los u$s 16.000 millones de títulos públicos (55% del total de sus colocaciones) que tienen en su poder las AFJP que van a desguace como frágil respaldo parcial de los ahorros de sus afiliados, bonos que ahora podrían no ser pagados nunca por el Tesoro.

Sobre estas cosas especulaba el mercado a la hora de la desazón: un simple asiento contable los compensaría, ya que activo y pasivo quedarán dentro de un mismo balance y así se baja el endeudamiento de un plumazo, se razonaba.

Sin embargo, no todo puede calcularse en estos casos. Desde el instante en que se hizo realidad la decisión presidencial, las fuerzas ingobernables de los mercados se dispararon en varios sentidos, casi al estilo de las antiguas tragedias, como ocurre cuando se rompen las reglas de la naturaleza. El vendaval ha comenzado en varios frentes y el final es incierto y cómo pararlo dependerá de la muñeca del gobierno.

La perdigonada gubernamental pegó primero en el mercado de capitales, ya que destruyó al único hacedor de mercado que existía, más allá de que se cambiaron las reglas de un día para otro. El mercado se quedó sin compradores, hasta que aparecieron los bancos oficiales. Igualmente, los operadores piensan que el Merval no representa a un mercado transparente, porque un juez sacó del camino a los demandantes naturales y esto tampoco gusta.

Un segundo hecho impensado fue el derrape bursátil en España, con una importante caída de precios en el parqué de Madrid de las empresas que operan en la Argentina. Rápido de reflejos, Julio De Vido en persona salió a apagar el incendio y a vender "seguridad jurídica".

Los rumores de última hora que marcaron la recuperación de los precios de bonos y acciones hablaban de promesas hechas a directivos de las empresas visitadas para recomprar deuda pública con el producido de las ventas de acciones (15,5% de la cartera, que suman Fondos Comunes de Inversión). Pobre promesa para el Fondo de Garantía que debería darle sustentabilidad al régimen de reparto y a los jubilados.

El punto de la propiedad de las empresas privadas que van a pasar a manos del Estado y quiénes manejarán esas ventas para nutrir el Fondo es el tercer efecto que ponderaron los mercados a la hora de la huida, sobre todo cuando los operadores se contestaban que todo iba a quedar a merced de los políticos, los mismos que declararon el default, la intangibilidad de los depósitos o avalaron los bonos compulsivos.

El cuarto punto de difícil resolución es el precio que van a reclamar las AFJP que se van, como lucro cesante por los negocios que dejan de hacer en la Argentina. Entre esos propietarios hay pesos pesados a nivel mundial (BBVA, ING, MetLife, HSBC y CNP), quienes sienten que sus negocios han sido expropiados y nacionalizados, casi al estilo Chávez.

Es lógico que la suma de dudas haya generado desconfianza e inquietud en la Bolsa, pero el problema es si las mismas empiezan a manifestarse más masivamente, ya que también se han visto colas en las casas de cambio y otras en los bancos para conseguir cajas de seguridad.

Desde el otro lado del mostrador, entre las buenas que se puede apuntar el gobierno, paradójicamente, está que el incumplimiento parcial que se ha declarado a costa de los futuros jubilados despeja definitivamente el perfil de los vencimientos de la deuda.

Así, la situación ya está siendo percibida por algunos operadores del exterior que tenían dudas sobre la situación fiscal ("ahora sabemos que era crítica, pero esto nos clarifica también que no habrá un default general", señalan con cinismo) como bien interesante, pese a la inseguridad jurídica, para comprar bonos a precios de liquidación.

HUGO E. GRIMALDI (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Director periodístico de agencia DyN