NEUQUÉN (AN/ACE).- La fiscalía federal le contestó al juez Guillermo Labate que 21 de los 23 casos de detenidos - desaparecidos que el magistrado pretende derivar a Bahía Blanca, deben seguir en investigación en el juzgado de esta capital.

La opinión de la fiscalía recaló ayer en el juzgado de Labate, que había pedido opinión sobre la derivación de 23 casos de víctimas al juez Alcindo Álvarez Canale (de Bahía), con el argumento de que luego del secuestro en el Alto Valle fueron trasladados al centro clandestino que funcionó en esa ciudad bonaerense.

La fiscalía desglosó los casos y sólo coincidió en que la desaparición de Raúl Ferreri y la denuncia del sobreviviente Francisco Tropeano, podrían ser competencia del juez bahiense.

Como criterio general, la fiscalía destacó que el hecho de que hubieran sido secuestrados y vendados sin que supieran qué iba a ser de ellos; fueron sometidas a tortura de acuerdo a los criterios fijados en otras causas que sentaron precedente sobre los delitos de lesa humanidad.

El fiscal José Darquier y la coayudante Cristina Beute argumentaron en detalle los 21 casos que consideraron que debieran seguir investigándose acá.

Algunas víctimas fueron torturadas con golpes y otros vejámenes en comisarías, en la U9 o en "La Escuelita" de Neuquén antes de ser trasladados a Bahía, mientras que otros antes de ser enviados a la
provincia de Buenos Aires, estaban vendados y en condición de desaparecidos para sus familiares.

La fiscalía aclaró que en los casos de Nora Rivero, Eduardo París y los desaparecidos Cecilia Vecchi y Jorge Asenjo, son expedientes en los que Labate se había declarado competente en el 2006 para investigar esos casos.

Describieron que las actuaciones le fueron remitidas desde Roca porque él lo solicitó y por ello consideraron que no correspondía ahora cambiar la competencia.
Se agregó que Guillermo Buamscha y Héctor González fueron secuestrados y torturados en Neuquén antes de ser llevados a Bahía y que esto debía seguir en investigación en este juzgado en el marco de conexidad el plan sistemático aplicado en la provincia.

Se argumentó que Alicia Villaverde, Darío Altomaro, Élida Sifuentes, Eva Garrido, Gladis Sepúlveda, Argentina Seguel y Dora Seguel fueron detenidos en el Alto Valle y sufrieron torturas antes de ser trasladados a Bahía, y algunos permanecieron transitoriamente en el centro clandestino "la Escuelita" de Neuquén antes del traslado; mientras que
los desaparecidos Susana Mujica, Alicia Pifarré, Carlos Chávez, Raúl Metz y Graciela Romero de Metz, Carlos Schedan, Mirta Tronelli y Arlene Seguel, fueron torturados previamente en Neuquén antes de ser vistos por
última vez en el centro clandestino de Bahía Blanca.
La negativa fiscal al traslado de los 21 casos no obliga al juez a que permanezcan en Neuquén.