SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Numerosas organizaciones de esta ciudad pidieron al gobierno nacional que profundice la investigación sobre Rodolfo Florido, a fin de esclarecer su eventual participación en "acciones de terrorismo de Estado" durante la última dictadura.
En una investigación de acceso vedado a la opinión pública, el Concejo Municipal comprobó que el ex secretario de Prensa de ese cuerpo cumplió tareas como agente civil de inteligencia entre 1976 y 1989, con servicios en el Ejército, la Armada y la SIDE.
En 2002 se benefició con una jubilación de la policía federal y el ocultamiento de ese dato en su declaración jurada ya le valió una imputación penal en la justicia ordinaria y podría ser llamado a indagatoria en los próximos días.
Por la misma razón, el Tribunal de Contralor Municipal le impuso una multa del 10% sobre la totalidad de los salarios que percibió como encargado de Prensa, pero nada se habló de la pauta publicitaria que paga la comuna en el programa televisivo del ex funcionario.
En una nota remitida al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, los ediles del FG ya habían reclamado una investigación más puntillosa a partir de todos los archivos presentados.
Advirtieron que "si se verificara que Florido fue miembro de algún organismo de inteligencia o de seguridad es una cuestión grave, ya que lo ocultó al Concejo Municipal".
Consideraron que la situación sería aun "mucho más grave" si de la investigación surgiera que "este señor tuvo actuaciones como servicio de inteligencia durante la última dictadura militar, ya que su tarea puede haber contribuido a la desaparición forzada y al asesinato de personas, a la tortura de argentinos en los campos clandestinos de concentración y a los delitos que se cometieron bajo el terrorismo de Estado desarrollado por la dictadura en nuestro país".
Por otra parte, Hijos, la APDH, Abuelas de Plaza de Mayo, la Red por la Identidad, la CTA, el SOYEM, y otras organizaciones enviaron otra nota al ministro de Justicia, Aníbal Fernández y al defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.
Allí solicitan información sobre "las dependencias" a las que Florido estuvo adscripto durante la dictadura, los hechos acaecidos en esos sitios, denuncias recogidas por la Conadep.
La intención de las organizaciones es determinar si existieron hechos "que pudieran haber derivado en la comisión de crímenes de lesa humanidad a los fines de no tolerar la convivencia en nuestra sociedad de personas que pudieran haber participado en el terrorismo de Estado".
Hasta ahora el CM no emitió declaración alguna para sentar postura institucional sobre el controvertido caso y tampoco hubo autocrítica expresa de quienes impulsaron la designación de Florido, entre quienes estuvieron los dos concejales del Frente Grande.
