Por definición, la seguridad jurídica es la garantía dada al individuo, por el Estado, de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si ésto llegará a producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación.

Los últimos acontecimientos muestran que la Argentina no cumple con ninguno de estos conceptos mencionados. Esto, sin lugar a dudas, abre un nuevo frente para el gobierno: la posible catarata de juicios que pueden iniciarse por este tipo de medida que afecta la propiedad privada, y los derechos de los afiliados y de las empresas.

Aún cuando el gobierno tiene derecho a cambiar el régimen previsional, es indudable que la actividad lícita del Estado puede generar daños que son indemnizables.

Por parte de las administradoras, extraoficialmente ya adelantaron que pedirán un resarcimiento económico (indemnización) por la salida compulsiva del negocio con los costos que trae aparejado esta decisión y el lucro cesante generado. Las AFJP podrían decir que fueron precisamente dos decisiones políticas -la obligación que pesaba sobre ellas de comprar bonos y la reducción de aportes previsionales- las que desfinanciaron e hicieron inviable el sistema.

Sobre los afiliados, la medida parece afectar cuantos derechos son imaginables: el derecho de propiedad, el de libertad de elegir y el de libertad de contratar, entre otros. Podrán reclamar que el traspaso les produce, a futuro, un daño mayor en cuanto a sus expectativas de ingresos futuros. Pero este reclamo será muy difícil de llevar a buen puerto, pues el afiliado tendría dificultades para probar cuáles serían, en el futuro, sus haberes previsionales en uno y otro régimen.

Habrá miles de juicios de los afiliados, de las AFJP y también de los trabajadores que queden sin empleo. Y esos juicios serán dirigidos, en su mayoría, contra el Estado nacional. En definitiva, nadie sabe a ciencia cierta dónde termina todo este quiebre constitucional llevado adelante por el gobierno.

Lo que está claro, eso sí, es que estas medidas afectan profundamente la seguridad jurídica del país y terminan ahuyentando a los inversores que piensan en colocar sus fondos en la Argentina