La decisión oficial de apoderarse de golpe del sistema privado de jubilaciones ha resultado ser sumamente polémica no sólo porque afectará a millones de personas, sino también por motivos que no tienen que ver con los desafíos nada sencillos planteados por la crisis financiera internacional o con las deficiencias manifiestas del régimen de reparto estatal. Se debe casi por completo a que a esta altura muy pocos confían en la buena fe de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su marido. Mientras que algunos que por razones ideológicas estarían en favor de la estatización se oponen a la medida porque la atribuyen a la necesidad del gobierno de contar con dinero suficiente como para afrontar los vencimientos de la deuda pública del año que viene y de este modo alejar el peligro de un nuevo default, otros, menos caritativos, suponen que los aproximadamente 10.000 millones de pesos en juego irán directamente a la "caja" kirchnerista donde serán usados para comprar voluntades y de tal modo enriquecer a corruptos en lo que será, al fin y al cabo, un año electoral. En el clima de sospecha imperante, puede entenderse que muchos hayan dado por descontado que se trata de un "saqueo" o "despojo", no de un intento de asegurar que los jubilados futuros no se vean perjudicados por la caída estrepitosa de los mercados financieros, como pretenden los voceros oficiales.
No bien se difundió la noticia de que Cristina se proponía apoderarse del dinero de las AFJP, la Bolsa de Buenos Aires, ya tambaleante luego de la paliza que le asestó la crisis mundial, se derrumbó por completo aunque en los demás países sus equivalentes parecieron haberse estabilizado. Dadas las circunstancias, el colapso bursátil fue lógico. Cuando hace 14 años se permitió la creación de las AFJP a pesar de la hostilidad de los muchos que eran contrarios a todas las privatizaciones, se la justificó arguyendo que, además de posibilitar jubilaciones menos magras que las estatales, las inversiones resultantes contribuirían a la formación de un mercado de capitales genuino en la Argentina, lo que a su vez ayudaría a estimular el habitualmente anémico sector privado. Por desgracia, los frutos resultaron ser más pobres de lo que era legítimo prever, mientras que las AFJP no pudieron prosperar durante los años de crecimiento rápido porque el gobierno las obligó a comprar grandes cantidades de títulos públicos de confiabilidad incierta y manipuló las estadísticas de inflación. Puesto que según algunos, el gobierno acaba de asfixiar lo poco que quedaba del mercado de capitales argentino, es natural que el índice Merval se haya precipitado nuevamente y que haya subido una vez más el índice riesgo país. So pretexto de que en el mundo entero la estatización se ha puesto de moda, el gobierno kirchnerista está mostrándose dispuesto a aumentar su control sobre partes cada vez mayores de la economía nacional con el presunto fin de mantener bien aceitado su propio aparato político. No es tanto una cuestión de los hipotéticos méritos del sector público por un lado y del privado por el otro, como quieren hacer pensar los Kirchner y sus simpatizantes, cuanto del hecho de que el Estado argentino esté en manos de personas que la mayoría, aleccionada por una larga serie de escándalos, algunos de ramificaciones internacionales, cree son incorregiblemente corruptas.
Es innecesario decir que en nuestro país han escaseado los gobiernos que hayan sabido resistirse a la tentación de apoderarse de una tajada de los fondos jubilatorios estatales o privados. Aquí es rutinario que los gobernantes actúen como si a su juicio el futuro careciera de importancia. Los resultados de la irresponsabilidad al parecer congénita así supuesta están a la vista: con pocas excepciones, quienes se jubilan tienen que conformarse con una mera fracción del ingreso que esperaban percibir aun cuando pertenezcan a la minoría que siempre ha hecho los aportes correspondientes. Por lo demás, la ciudadanía está tan acostumbrada a ser estafada por el gobierno de turno que la mayoría suele reaccionar con resignación frente a la confiscación de los fondos privados o estatales que suponía servirían para garantizarle un futuro digno, pero es tan bajo el nivel de aprobación del matrimonio gobernante que en esta ocasión las protestas podrían resultar ser mucho más vigorosas que en el pasado.
