VIEDMA (AV).- Los tres imputados en la causa de la Lotería se abstuvieron de declarar ayer, en la primera jornada de juicio por el presunto pago de coimas a ex funcionarios del gobierno de Pablo Verani.
El primer imputado es el ex presidente de Lotería, Miguel Irigoyen, acusado por "dádivas" y por "cohecho pasivo". Los otros dos juzgados son Andrés Santamaría y Carlos Ferrari, con delitos tipificados como "cohecho pasivo" y "activo" (pagar la coima), respectivamente. Ninguno de ellos aceptó hablar en la víspera, pero aclararon que se defenderán con argumentos durante las próximas audiencias.
El debate se abrió con la lectura de la elevación a juicio de parte del juez penal Carlos Reussi. Dos hechos se describieron. Los mismos concluyen en la convicción de que pagos privados fueron a Irigoyen. Albany Trade -que presidía Santamaría pero asignada al ex titular de Lotería- fue intermediaria en las operaciones, consistentes en el cobro de cheques de Tecno Acción (firma contratada por Lotería) y la recepción de transferencias de Varsa (empresa de Ferrari para las tragamonedas).
Los cheques de Tecno Acción totalizaron 153.804 pesos y el delito penal se tipificó como "dádivas" ya que no se pudo comprobar qué fue "lo que hizo o dejó de hacer" el ex funcionario para explicar ese desembolso. El otro delito se calificó como cohecho, porque se entendió que Irigoyen no controló el cumplimiento de las diferentes obligaciones de Ferrari -concesionario de casinos y tragamonedas- y, en contraprestación, Varsa cedía a Albany el 15 por ciento de su recaudación. Este desvío totalizó 861.560 pesos entre enero de 1999 y abril del 2001.
Ambos hechos suman cerca de un millón de pesos.
El tribunal lo preside Susana Videla y se completa con María del Carmen Vivas de Vázquez, y Eduardo Giménez. Las dos juezas fueron recusadas por el defensor de Santamaría, Juan Pablo Chirinos.
El abogado consideró que ambas participaron en la instrucción y esas presencias ya "contaminan" el juicio, aunque admitió que las magistradas no profundizaron sus evaluaciones en la causa. Vázquez conformó un tribunal en relación a un conflicto de partes por la inclusión de pruebas, y Videla integró la Cámara que confirmó los procesamientos, aunque se abstuvo de votar ante las coincidencias de los otros camaristas.
Estas recusaciones fueron rechazadas rápidamente por un tribunal que conformó Gimentez, y los subrogantes Roberto Maturana y Juan Bernardi.
Chirinos efectúo un tercer planteo, consistente en la nulidad del procesamiento y del debate en referencia a Santamaría.
El abogado entendió que existen documentales y pruebas utilizadas en la acusación por cohecho que fueron recogidas durante la instrucción de otro delito, tipificado como "dádivas" y que después fue prescripto por el paso del tiempo. Esa absolución -agregó- determina su archivo total, entonces esos elementos no se podrían utilizar en la acusación del otro delito. El tribunal rechazó ese planteo por "improcedente" porque no se viola ninguna garantía constitucional, respetando el argumento aportado del fiscal de Cámara, Juan Ramón Peralta.
Después, la presidenta del cuerpo convocó a los imputados para ofrecerles la posibilidad de que se defiendan de las acusaciones planteadas, pero optaron por no hablar.
