El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI) estuvo durante el pasado agosto en Colombia, con el objetivo de conocer el avance de las investigaciones y los juicios sobre crímenes cometidos por paramilitares y guerrillas, así como los eventuales lazos de esos grupos con miembros de la política de ese país.
Durante el transcurso de su visita recordó que en Colombia existen un máximo número de crímenes y una cantidad masiva de criminales y que, en principio, los tribunales locales estarían en condiciones de dar una respuesta jurisdiccional a lo sucedido en el país. No obstante lo cual, advirtió que si las autoridades no pueden o no desean perseguir judicialmente los hechos allí perpetrados, entonces la fiscalía iría tras sus máximos responsables.
Éstos son, según la Organización de las Naciones Unidas, los paramilitares de ultraderecha, comandados por narcotraficantes o por personas relacionadas con ellos. A punto tal que, según se estima, llegaron a perpetrar el 80% de las matanzas ocurridas.
Dichos grupos surgieron en diciembre de 1982 para hacer el trabajo sucio contrainsurgente cuando se hizo internacionalmente insostenible la masiva violación de los derechos humanos que se venía cometiendo desde el Estado a partir de 1977. En todo caso, se encuentra ya debidamente probado que esos grupos trabajaron en conjunto con las autoridades del país.
El gobierno de Colombia y los paramilitares iniciaron una negociación de paz a mediados del 2003. El proceso permitió que más de 31.000 combatientes paramilitares depusieran las armas y se desmovilizaran, mientras que los comandantes de esos escuadrones fueron encarcelados para recibir una sentencia de entre 5 y 8 años por su responsabilidad en los asesinatos, masacres, secuestros y acciones de narcotráfico.
Pero los principales comandantes paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos por el gobierno del presidente Álvaro Uribe en mayo pasado, acusados de haber incumplido los acuerdos logrados en el proceso de paz y de continuar vinculados a actividades delictivas como el narcotráfico.
Como reacción ante dichas extradiciones, grupos de derechos humanos sostienen que pese a la desmovilización de los combatientes paramilitares, sus antiguos comandantes no han cumplido con el compromiso de confesar sus crímenes, indemnizar a los familiares de sus víctimas y recibir un castigo.
La visita del fiscal general Luis Moreno Ocampo coincidió, además, con un clima político signado por la desconfianza y la crisis de credibilidad, que tiende a reforzar la interpretación de que existe una prueba de fuerza entre la mafia que intenta copar el poder del Estado y quienes se le resisten.
La pugna de fondo son los reiterados ataques gubernamentales contra la Corte Suprema de Justicia. En especial, contra el magistrado auxiliar Iván Velásquez, investigador principal de la Corte en el proceso conocido como de la "parapolítica", que se refiere a casos de parlamentarios apoyados o beneficiarios del paramilitarismo.
Entre los implicados en la parapolítica aparece Mario Uribe, primo y principal socio político del presidente, quien renunció al Senado para evitar ser investigado por la fiscalía. Aunque también intentó evadir a la Justicia ordinaria cuando ésta le impuso una medida de aseguramiento y, fallidamente, buscó asilo político en la embajada de Costa Rica, en abril pasado.
La Corte Suprema de Justicia le abrió investigación en julio del 2007 por presuntos nexos con organizaciones paramilitares, por el supuesto apoyo de éstas en su campaña electoral, y a raíz de la adquisición de 5.000 hectáreas de tierra mediante supuestas amenazas a sus propietarios.
Las investigaciones comprometen a casi 70 parlamentarios, unos treinta de ellos ya se encuentran detenidos y casi todos resultan del partido oficialista. Según el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), implican nada más y nada menos que cerca de tres millones de votos obtenidos en las elecciones legislativas del 2006.
Lo cierto es, en todo caso, que el presidente de la Corte Suprema de Justicia aprovechó la presencia del fiscal general en el país para denunciar una "extraña alianza" entre el gobierno y los paramilitares contra el máximo tribunal. Y que Iván Cepeda, portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, afirmó entonces que había que llamar la atención de la Corte Penal Internacional sobre la forma en que se estaba comenzando a absolver a cada uno de los parapolíticos sospechados.
MARTÍN LOZADA (*)
Especial para "Río Negro"
(*) Juez de Instrucción. Bariloche
