Dos audaces apuestas protagonizó el gobierno municipal. Volcó en una ordenanza el control de la noche y paralelamente decidió extender el radio de acción de la comuna hacia la costa atlántica.

Lo novedoso en la reorganización del divertimento se planteó a partir del desdoblamiento de la actividad de locales para limitar el consumo de alcohol.

"Boliches" para adolescentes sin expendio de bebidas, por un lado, y locales para mayores de 18 años, por el otro.

Los pormenores del debate en el Concejo Deliberante (CD), en cuya sesión se aprobó por unanimidad, contó con la llamativa presencia del intendente Jorge Ferreira.

"Asistió para ver si algunos concejales aguantaban" el chubasco, deslizó una aseveración desde su círculo íntimo explicando la asistencia al debate completo.

Esa idea esbozada parcialmente hizo caer una pregunta como anillo al dedo. ¿Se temía a cómo podrían reaccionar los empresarios, cuál sería la duda que podría flotar en el aire respecto del sostenimiento del proyecto de ordenanza finalmente aprobado? Si hasta la oposición estaba de acuerdo en promover nuevas normas a combatir el riesgo nocturno?

Ferreira asumió con seis concejales propios y cuenta con tres bancas opositoras.

El debate en el bloque del radicalismo oficialista fue profundo por ciertas divisiones internas. La única explicación que echó luz fue que costó más convencer a los propios que a los extraños.

El foco de las diferencias se centraban en la convicción inicial esgrimida desde el Ejecutivo, de habilitar los mismos locales para ambas categorías de edad.

Finalmente, el intendente concedió modificaciones al texto pero fue con una premisa: llevarse los laureles.

"Ferreira no hubiera acudido a presenciar la sesión si la votación era favorable por cinco a cuatro, pero además se puso al frente porque se trataba de una promesa de campaña", se justificó. Todavía no se sabe cómo reaccionarán los empresarios.

Otro eje de campaña fue cerrar definitivamente un acuerdo de límites con San Antonio Oeste.

Apenas terminaron de barrer el piso de la sala de sesiones del CD, la presidenta del cuerpo, Hilda Schlitter, sorprendió con el lanzamiento de un proyecto de ampliación del ejido urbano hacia la costa atlántica. Hay que afirmarse en Caleta de los Loros, zona sobre la que existe un "preacuerdo" con la gestión del ex intendente sanantoniense Adrián Casadei.

En el acto de anuncio, Schlitter aclaró que la iniciativa no implicaba apagar un incendio con nafta en virtud de que el corrimiento se trazaba hasta mucho antes del actual límite con la ciudad marítima, y que además Viedma estaba cediendo 70 kilómetros de costas a sus vecinos.

Aparecieron dos urgencias. Desde el gobierno comunal es que había que hacerse fuerte en esa zona por la necesidad de llevar servicios, y que la ausencia del Estado permitía a privados hacer buenos negocios inmobiliarios sin control alguno. Cuentan que el Ejecutivo estaba enterado de la iniciativa y que Schlitter se lo había anticipado a Ferreira antes de que éste viajara a Italia. La presidenta hoy lo sucede interinamente en el cargo, y pretendía anticiparse.

El intendente sanantoniense, Javier Iud, chilló igual. El gobierno de Viedma pareciera no haber medido las consecuencias de la polémica con un par que encima es de otro signo político, el Frente para la Victoria.

En lo inmediato, la trascendencia pública fue la pirotecnia verbal.

Ahora, la única solución que se vislumbra es acudir al arbitraje de la Comisión de Límites de la Legislatura.

El teatro de operaciones muestra dos frentes. Ambos con final abierto.

Enrique Camino