EL BOLSON (AEB) - La legisladora Patricia Ranea es la autora de un proyecto -ingresado el viernes-, que establece "la inhabilitación a perpetuidad para el desempeño de todo cargo o profesión relacionados con el cuidado, atención, instrucción y enseñanza que implique el trato directo con niños y adolescentes, para quienes hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual".

La iniciativa abarca a todos los funcionarios y agentes del Estado y también prevé que en todo trámite de ingreso a un cargo se exigirá un certificado de antecedentes penales del ámbito federal.

En los fundamentos, cita que "la problemática del abuso y maltrato de niños y adolescentes tiene una complejidad intrínseca que requiere de los operadores una particular escucha, un especial abordaje adecuándolo en cada situación a las necesidades y circunstancias que atraviese la víctima y su familia, soslayando cualquier ideología que impida profundizar en la cuestión que se plantee", según se lee en el proyecto.

Valora asimismo que "del total de las denuncias recibidas en la provincia de Buenos Aires -por ejemplo-, siete de cada diez casos de abuso sexual tienen como víctima a un menor de edad. En el mismo Estado, "las estadísticas indican que el nivel de reincidencia de este tipo de delitos es superior al 75%.

Otras cuestiones tomadas en cuenta por la legisladora de El Bolsón, reflejan que "las violaciones crecieron en la Argentina un 21,8% entre 2001 y 2003, donde el 80% de estos delitos son cometidos por un conocido de la víctima".

A su criterio, "frente a esta realidad horrorizante y al daño irreparable producido a jóvenes y niños cuyas vidas son estigmatizadas, y a veces destruidas, debemos asumir el indelegable, imperativo y proclamado propósito de proteger y preservar su sano y libre desarrollo y formación, al menos en la esfera de competencia del Estado rionegrino".

Después de recordar que hay "diversos proyectos proponiendo la creación de un registro nacional de violadores, motivo hoy de debate en el Congreso de la Nación y en varias legislaturas provinciales", Ranea concluyen en que "las estadísticas nacionales y mundiales aumentan y alarman", al tiempo que propugna su proyecto de ley "considerando la potestad pública y la debida tutela del bien jurídico a proteger: el interés superior de niños y adolescentes".