La crisis mundial le dio argumentos al gobierno kirchnerista para volver al régimen estatal de jubilaciones y eliminar el sistema privado nacido en los ´90 como bandera del menemismo.

Si bien el decreto de ley de Cristina Kirchner obedece a una necesidad de recursos hoy en manos de las AFJP, es además una jugada política fuerte con el que la administración K espera aglutinar al peronismo, al progresismo y a los sectores que siempre pusieron reparos al esquema de capitalización privado.

La iniciativa del Ejecutivo será enviada al Congreso, con un diagnóstico de los afiliados que están actualmente fuera de la órbita del Nación y que han sido impactados por la debacle financiera mundial. "Los bonos en los que han invertido las AFJP -dice el informe de la Anses- traen ciertas dudas: si bien sirve para cumplir con los actuales jubilados, deja a los futuros en la cuerda floja, porque se trata de bonos engañosos".

El informe admite que el Estado se verá obligado a poner más dinero para garantizar el mínimo que las AFJP deben pagar a sus adherentes.

Un alto funcionario trazó este cuadro de situación: "Las AFJP con sus inversiones están haciendo trizas la tasa de ahorro interno. Se desfinancia el sector público, sólo para mantener el nivel de las comisiones que es donde ganan plata". En el presente, el Estado pone un monto importante de lo que pagan las AFJP de jubilaciones. Eso significa una erogación de 4.800 millones para garantizar un piso mínimo, y con el nuevo régimen, la Nación desempolvará 5.300 millones. Según los cálculos oficiales, ingresarán a las arcas públicas 1.000 millones más de aportes jubilatorios.

En la Rosada se interpreta que la vuelta al régimen estatal único es parte del "proyecto revolucionario" en una etapa en la que el gobierno está empeñado en recuperar el liderazgo. (ABA)