NEUQUÉN (AN).- El gobernador Jorge Sapag dijo en la última semana que la provincia saldría a buscar los fondos para pagar los aguinaldos. Con un déficit financiero pronunciado por las demoras en lograr las prórrogas petroleras, la salida será un recorte de gastos cercano a los 100 millones de pesos hasta fin de año. El as en la manga para pagar a proveedores surgirá de otro mazo: los acuerdos transaccionales con las empresas que aún no firmaron las prórrogas.

Los detalles los dio la ministra de Hacienda, Esther Ruiz, al regreso de un encuentro nacional realizado en Villa La Angostura en el que se discutieron políticas impositivas. Dijo que la deuda heredada fue "casi solucionada" con los bonos Tiprodeu, a los que casi ningún proveedor se negó, pero aclaró que con un incremento mensual de los gastos del Estado, la deuda flotante originada en la actual gestión, actualizada a octubre, ascendió hasta 209 millones de pesos.

Ruiz no habló de "ajuste" porque, aseguró, "no hay posibilidades de modificar o crear partidas", ya que el gasto mensual sobrepasó a los ingresos libres de afectación -lo que queda después de pagar los compromisos- hace meses. "Lo que estamos haciendo es dejar de pagar a los proveedores para juntar para los sueldos", indicó Ruiz, y aclaró que se trata sólo de los de noviembre. Para diciembre el panorama que pintan en Hacienda de la provincia es aún más complicado (ver aparte).

A la deuda flotante de 209 millones de pesos se llegó por un incremento constante del gasto público. Cuando en enero era de 163 millones de pesos e incluía los sueldos, en septiembre se necesitaron 288 millones sólo para ese concepto.

La de los proveedores es una situación aparte. Sapag dijo que los pagos estaban suspendidos y la ministra Ruiz lo confirmó. Si para pagar los aguinaldos hay un plan, básicamente desde la reducción de otros gastos, en el caso de los proveedores se apelará a dinero del petróleo. Como los pagos iniciales no se pueden tocar, porque están destinados por ley a obras e infraestructura; se apelará a los acuerdos transaccionales, que son los que dan por cumplidas las obligaciones pendientes de las empresas con el Estado. En el caso de YPF, ese convenio previo implicó 77 millones de pesos. Para el resto de las empresas se espera una suma similar.

"Estamos tratando de hacer todo lo posible para cerrar con 100 millones de deuda flotante, que es lo normal", dijo Ruiz. "Se buscará que no haya deuda no contabilizada, para no contratar más allá de lo que el presupuesto autoriza. La única variable de ajuste es el funcionamiento", agregó la ministra.

Ruiz recordó otra carga pesada: antes de fin de mes vence el pago de la tercera cuota de capital de los Títulos para el Desarrollo Provincial (Tidepro) emitidos por la gestión anterior, por 45 millones de pesos.