El escándalo de las ampollas adulteradas del hierro Yectafer, que en Viedma provocó la muerte de Verónica Díaz el 23 de diciembre de 2004 y de otras dos mujeres en el país, revela los manejos de la mafia de la falsificación de medicamentos. Y estas muertes, aun cuando no se vea la conexión directa, están vinculadas al asesinato de los empresarios Forza, Ferron y Bina.
Una investigación desarrollada ayer por Jorge Lanata en su diario "Crítica" desarrolla este nexo. El trabajo accede a archivos de la computadora personal de Sebastián Forza y pone al descubierto pagos de coimas a la Policía Federal " cómo el Gobierno lavó dinero con la mafia de los medicamentos" a través de los aportes de la campaña presidencial.
La Justicia lleva investigando desde hace más de 10 años unos 550 casos de robo, adulteración o falsificación de medicamentos. En el trabajo se deduce que la causa Yectafer "muestra con claridad los manejos de la mafia del sector: cada eslabón de la cadena funcionaba por separado, unos se ocupaban de la fabricación y el envasado del medicamento, otros lo comercializaban a una primera empresa y otros los vendían a distintas droguerías y farmacias".
"El elemento en común (con el caso Yectafer) es la mafia de los medicamentos, robados o adulterados entonces, proveedores de efedrina ahora, meras exigencias del mercado. En los nudos de este ovillo hay los mismos policías, los mismos traficantes, los mismos intereses y la misma impunidad", señala la publicación.
Lanata señala que en el caso de la muerte de Verónica Díaz -que ya suma 63 cuerpos del expediente que tramita el juez federal Norberto Oyarbide- "aparece con claridad la "pata policial" cobrando peaje o garantizando protección". Puntualiza: "Sandra Vitale, parte de la banda dedicada a rellenar las ampollas de Yectafer, le dice a su abogado, según se oye en las escuchas telefónicas:
-La investigación, es eso lo que me preocupa.
-Quedate tranquila, yo lo hablo con la gente de Madariaga y General Paz.
En Madariaga 6976 funciona la División de Delitos contra la Salud de la Policía Federal, encargada de los procedimientos que las Justicia ordena en las causas vinculadas con medicamentos y trabaja en coordinación con la ANMAT. "Convencido de la complicidad policial, Oyarbide apartó a la División de Delitos contra la Salud de la investigación y surgió entonces una causa que investiga esa complicidad y tramita en el Juzgado Federal Nº 10 a cargo de Julián Ercolini. La causa está hoy en el limbo tribunalicio hasta que la Cámara decida una cuestión de competencia".
Sobre la base de sus investigaciones en la Justicia federal y en la Policía Federal, Lanta señala que "el nombre que todos mencionan es el suboficial Chipi Mondragón, a cargo de gran parte de los operativos relacionados con droguerías y señalado como quien "recauda" a cambio de protección". Añade que en privado, Solange Bellona, la viuda de Forza, reconoció que Chipi les brindaba sus servicios.
-"Chipi investiga, avisa y cobra -aseguró una fuente de los laboratorios-. Le cobra a las droguerías para avisar antes de los allanamientos".
Según el artículo, hay pruebas del vínculo entre Forza y Chips. "Crítica" accedió a los datos de la computadora de Sebastián Forza que constan en el expediente que investiga la Justicia.
Allí, en un archivo de Excel, figura que Forza emitió doce cheques para Chipi. Sólo en 2007 Forza firmó y entregó más de 1.500 cheques, muchos de ellos destinados a droguerías (entre ellas a Unifarma y Droguería Urbana, sociedades vinculadas con la mafia de los medicamentos e investigadas por la Justicia). Chipi Mondragón (que en algunos pagos aparece vinculado a otra persona, alias "Manteca") recibió de Sebastián Forza, según aparece en su computadora
Señala también que meses antes del asesinato de Forza, un laboratorio norteamericano contrató a un estudio jurídico para que investigara varios casos de robo de sus medicamentos. Forza les les dijo a los informantes del estudio: "Yo les cuento cómo los robamos pero a cambio ustedes gestionan que mi empresa sea proveedora exclusiva". Contó todos los detalles, "aunque finalmente lo hizo a cambio de una cifra importante", asegura la investigación.
Así se supo que "los medicamentos pueden ser falsificados por completo, parcialmente (se usa el envase pero se lo rellena con otra cosa), se adultera la fecha de vencimiento o se crean productos nuevos, no registrados. Lo más común es el rellenado del envase original. En remedios oncológicos,de sida o hemofílicos hay productos cuyo valor oscila entre los 3 y 15 mil pesos; es un negocio de menor volumen pero de ingresos altísimos".
Asegura que una de las empresas clave, investigada por adulteración, es la Droguería San Javier. Uno de sus dueños -de apellido Lorenzo- conoció a Forza en 2001, cuando trabajaba en la Droguería Austral, y en 2005 comenzó a venderle a Baired Med (de Forza) productos oncológicos y de HIV. Forza y Lorenzo aparecen mencionados en varias causas por robo de medicamentos del Plan Nacional contra el Sida. "En octubre del año pasado, Forza y Lorenzo volvieron a encontrarse y el empresario asesinado le vendió mercadería por cinco millones de pesos. Lorenzo le pagó con cheques de terceros, entre ellos de la Obra Social de Bancarios".
El cirujano Gustavo Ricchiuto (cuyo testimonio comprometió al padre del actor Mariano Martínez) declaró días atrás que Forza se ufanaba de haber aportado dinero para la campaña de Cristina Kirchner y nadie le creyó, pero después resultó que era así.
Concluye el artículo que el "aporte electoral" de Forza, como de otros empresarios, "eran, en realidad, parte de una operación que involucra a las más altas esferas del gobierno nacional.
La administración K lavó dinero para ingresarlo legalmente a la campaña de Cristina: entregaron a socios, aliados o amigos dinero en efectivo a cambio de cheques blancos que pudieran ser declarados ante los propios controles del Estado".
"Ésta era la mecánica: Héctor Capaccioli o algún contador del Frente para la Victoria recibían al "donante" en las oficinas de Roque Sáenz Peña 530, combinaban una cifra y entregaban euros o dólares a cambio de cheques declarados.
El compromiso siempre era el mismo: que el dinero esté depositado en la cuenta correspondiente para la fecha de vencimiento del cheque, que era cuando el FPV emitía la orden de cobro.
La cifra que el donante recibía en efectivo y debía depositar tenía, claro, un descuento: el donante se quedaba con el 10% y donaba el resto.
En el caso de Néstor Lorenzo, su aporte fue hecho a través de su socio en San Javier, Carlos Torres (170 mil) y Julio Posse (otros 170 mil). También hay 310 mil pesos aportados por Multipharma, una empresa que dirige con Torres.
De los más de diez millones de pesos que el FPV declaró en concepto de aportes de empresas, 3.650.000 fueron "donados" por firmas del sector de los medicamentos y droguerías.
