Cuatro meses después de su llegada desde el Ejecutivo, el proyecto de ley para que magistrados y funcionarios de la Justicia rionegrina se jubilen con el 82% móvil sigue congelado en la Legislatura. Y a pesar del interés de los jueces por apurar el tratamiento en el recinto, todo indica que el 2009 terminará con el expediente en el mismo cajón que lo contiene desde junio.

Una delegación del Colegio de Magistrados se reunió la semana pasada con legisladores de casi todos los bloques, además de presentar sus argumentos ante los integrantes de la comisión de Asuntos Sociales.

La exposición de los jueces se basó en tres puntos fundamentales: no se trata de un privilegio, sino un régimen especial avalado por la ley nacional 24.018; no le costará nada al Estado provincial, porque la diferencia en los aportes a la Anses saldrá del bolsillo de los propios interesados y no hay discriminación, porque ya existen estatales rionegrinos (los docentes) con el mismo beneficio. Además se puso sobre relieve la injustificada inequidad con los poderes judiciales de otras jurisdicciones, que tienen reconocido el 82% móvil, y la legitimidad de su reclamo, a partir de la manda del artículo 40 de la Constitución Provincial.

Sin embargo, distintas fuentes legislativas consultadas por "Río Negro" dejaron claro que, a pesar de la sólida explicación de los jueces, todavía son altos los obstáculos que impiden la ratificación del convenio firmado el 13 de junio del 2007 entre el ex presidente, Néstor Kirchner, y el gobernador, Miguel Saiz.

En primer lugar aparecen las razones políticas. A pesar de que reúne los votos necesarios con el aporte de sus aliados, el oficialismo resiste una aprobación por simple mayoría, porque no quiere quedar solo ante una evental reacción negativa de la sociedad.

La estrategia de negociación -adelantaron las fuentes- se concentrará en presionar al PJ a partir de la contradicción que significaría que no apoyen una decisión tomada por Kirchner antes de dejar la Presidencia.

Por otra parte, la Legislatura sabe que para aprobar el 82% móvil para los jueces deberá contener antes a los demás sectores estatales, que pretenden el mismo régimen jubilatorio.

Por eso la comisión de Asuntos Sociales, que preside la radical Marta Milesi, pidió opiniones a distintos actores. La primera consulta fue al Ejecutivo, escuchando al titular de la Función Pública, Carlos Oliva. Esta semana trascendió que le requerirán nuevas explicaciones porque detectaron incongruencias con el planteo de los jueces sobre los costos para el Estado.

También se escuchó a la conducción del gremio Sitrajur y se esperan dictámenes del STJ y de la Procuradora General, Liliana Piccinini.

Por otra parte, se aguarda una reunión con técnicos de Anses para saber si otros agentes públicos pueden tener el beneficio y cuánto le costaría a la provincia.

En estas condiciones, la posibilidad de que el convenio entre Kirchner y Saiz llegue a la Legislatura antes de fin de año es remota.

El interés de los jueces por acelerar los tiempos también nace del conocimiento que tienen sobre las tradiciones legislativas en los años impares.

El 2009 encontrará a Río Negro nuevamente en campaña electoral y ningún bloque agitará banderas ajenas que lleven implícito el riesgo de generar mal humor social.

(Redacción Cenral)