La candidata a vocal del Tribunal Superior de Justicia, Lelia Graciela Martínez de Corvalán, respondió a las dos impugnaciones presentadas contra su postulación, por parte de la Confederación Indígena Neuquina y el gremio docente ATEN. Esta semana el Ministerio de Justicia y Seguridad enviará los antecedentes a la Legislatura para que le presten acuerdo (necesita dos tercios de los votos).

La crítica de la Confederación Indígena estaba vinculada con un lote propiedad de la magistrada en Villa La Angostura, y la presentación de su esposo como querellante en una causa por usurpación en la que había mapuches imputados. En su descargo, al que accedió “Río Negro” a través del ministerio, Martínez de Corvalán dijo que es falso que su esposo sea querellante y sobre la propiedad del lote remarcó que tiene la escritura y figuran en su declaración jurada.

Las impugnaciones de ATEN eran dos. La primera se relacionaba con el voto negativo de la jueza para que el gremio sea querellante en la causa Fuentealba II. Al respecto, la candidata a vocal negó “rotundamente” que tenga parcialidad y falta de independencia.

La segunda impugnación se relacionaba con que Martínez de Corvalán dictó la rehabilitación del cabo primero José Darío Poblete tras una condena por apremios. Sobre este tema, aclaró que no fue “subjetiva ni discrecional, sino sustentada” en el Código Penal. Remarcó que ella lo rehabilitó porque correspondía según la ley, pero fue ajena a la decisión de reincorporar a Poblete a la policía, que fue resorte exclusivo de la Jefatura.

Martínez de Corvalán señaló también que las impugnaciones a su candidatura “no se encuentran debidamente documentadas”, como lo exige el decreto 580.

Agencia Neuquén