SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB) - Luego de analizar la documentación remitida por el Concejo Municipal, la fiscal Mirta Siedlecki decidió acusar formalmente al ex secretario de Prensa de ese cuerpo, Rodolfo Florido, por los delitos de falsedad ideológica de documento público y defraudación contra la administración pública.

Según la investigación de la fiscalía, cuando accedió a la planta política del Deliberante Florido ocultó su condición de jubilado policial y percibió durante cuatro meses un sueldo mayor al que le hubiera correspondido, dada su situación previsional.

La causa penal promovida contra Florido quedó radicada en el juzgado de instrucción II, cuyo titular es el juez Martín Lozada.

En los hechos, la nueva derivación del caso ratifica que el ex secretario de Prensa se desempeñó como agente de inteligencia del Estado durante la pasada dictadura.

También agrava, por otro lado, el costo político para los concejales del Frente para la Victoria que promovieron su designación.

La fiscal esgrimió contra Florido una doble imputación por falsedad ideológica y defraudación a la administración pública. El Código Penal prevé para cada uno de estos delitos un máximo de seis años de prisión.

La fiscal aclaró que su tarea se ciñe a las cuestiones de competencia provincial y no descartó que el ex funcionario del Concejo haya incurrido también en conducta reprochables ante el fuero federal.

En su presentación ante el juez, propuso que Florido sea investigado por una supuesta transgresión al artículo 26 inciso 8 de la Carta Orgánica Municipal.

Esa cláusula incluida en la última reforma de la COM inhabilita para ser funcionarios a quienes "hubieran participado en los gobiernos de facto o de alteración de la vida democrática" tanto en cargos que "debieran haber surgido del voto popular", así como en funciones "de responsabilidad o asesoramiento político" en el Estado nacional, provincial o municipal.

Según la investigación periodística que en abril pasado desató su renuncia, durante la última dictadura militar Florido sirvió al Ejército y a la Armada como personal civil de inteligencia y por esos servicios accedió a una jubilación en la caja policial.

Dado que no reconoció esta última condición en su declaración jurada de ingreso a la función pública, la fiscal encuadró esa omisión en el delito de falsedad ideológica.

Al desconocer su situación previsional, el municipio le pagó a Florido sus haberes completos entre diciembre y abril pasado, cuando hubiera correspondido que le apliquen el descuento previsto en el artículo 2 de la ley provincial 4.035.

Aquel instrumento sancionado durante el gobierno de Pablo Verani impone una retención a las remuneraciones de todos los funcionarios públicos que además perciban una jubilación, y destina esos fondos a combatir la desocupación.

La fiscal Siedlecki pidió al juez actuante que convoque a Florido a prestar declaración indagatoria.

También le planteó que libre oficios al Ejecutivo municipal y al Concejo Deliberante para que remitan toda la documentación relacionada con los hechos investigados.