NEUQUEN (AN/ACE) - El juez federal Guillermo Labate decidió derivar a la justicia federal de Bahía Blanca la investigación de 23 casos de detenidos - desaparecidos secuestrados en la zona, por una razón de"competencia", se indicó.
El planteo del juez neuquino fue trasladado a la fiscalía federal de José María Darquier para que emita opinión.El fiscal definirá si Labate continúa con la derivación de este agrupamiento de hechos permanecen en Neuquén para que los investigue el juez o jueza que suceda a Labate en la causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Por trascendidos se supo que la mayoría de los casos que podrían ser derivados son desaparecidos con una notoria actividad artística en la zona, como Alicia Pifarré.
Varios de esas denuncias tienen en común que las víctimas fueron vistas por última vez en el centro clandestino "La Escuelita" de Bahía Blanca, que funcionaba en los terrenos del V Cuerpo del Ejército.
Para la querella del Ceprodh, otra de las coincidencias en ese agrupamiento se relaciona con el hecho de que los presuntos responsables serían ex integrantes de la policía federal en 1974-76.
Si los 23 casos son derivados a la justicia de Bahía Blanca la investigación de los hechos resultará incierta, ya que, a juicio de la APDH de Bahía Blanca, el juez Alcindo Alvarez Canale habría demorado al máximo posible todo trámite relacionado con la causa de Derechos Humanos.
Alvarez Canale está sospechado de posible connivencia en la sonada fuga del interrogador del centro clandestino "La Escuelita", Julián Corres, según lo recriminó durante toda la instrucción de la causa la fiscalía general de esa localidad y lo denunció ante el Consejo de la Magistratura la APDH nacional, con un pedido de juicio político.
En Neuquén, el juez Labate (que en noviembre dejará este cargo para integrar el TSJ) elevó un tramo de la investigación a juicio en 2007, que está actualmente en debate en el Tribunal Oral Federal con 8 militares de alto rango acusados y un total de 17 denunciantes, entre ellos el caso del desaparecido Oscar Ragni.
El 12 de septiembre pasado, el juez federal procesó a otros 27 imputados, en lo que se denominó el "megaprocesamiento" que involucró a policías retirados de Río Negro, personal de inteligencia militar y agentes civiles de inteligencia, entre ellos a Raúl Guglielminetti.
El megaprocesamiento fue apelado por los defensores y la Cámara de Roca aún no confirmó o revocó la decisión.
El dictamen que está a la espera de definiciones en Roca involucra la denuncia de 39 víctimas -entre sobrevivientes y desaparecidos- de la región.
La semana pasada y en una de sus ultimas actuaciones como juez federal, Labate se trasladó hasta Bahía Blanca e indagó allí a un imputado que no había sido sometido al trámite judicial por razones médicas, el militar retirado Osvaldo Laurella Crippa.