El gobierno tiene motivos para sentirse más tranquilo. La semana que culmina logró la aprobación legislativa de la prórroga de las concesiones a YPF, se confirmó el interés de cinco importantes grupos de empresas en la construcción de la presa Chihuido I, y se anunció el compromiso de varias petroleras para invertir 1.300 millones de dólares en 14 proyectos de Gas Plus, por cuyo fluido la provincia percibirá el doble del precio actual. Por primera vez desde hace 10 meses, cuando asumió trazando un sombrío panorama de las finanzas provinciales, comienza a vislumbrar la luz al final del túnel.

El oficialismo logró amplio respaldo legislativo para convalidar el acuerdo con la principal petrolera del país luego de acordar con la Concertación un aporte extra para los municipios que pasó del 15 al 30% del fondo extraordinario de 175 millones de dólares convenido con la empresa.

El acuerdo se selló a último momento, ya que el gobierno insistía en repartir sólo un 15% y la Concertación había advertido que no levantaría la mano a menos que se mejorara la oferta inicial. Los recursos adicionales serán para financiar obras y equipamiento de común acuerdo entre los municipios y el gobierno provincial. Algo que de cualquier manera la administración Sapag estaba dispuesta a hacer, pero con la síntesis alcanzada el martes por la noche luego de intensas negociaciones realizadas fuera de la Legislatura, los intendentes que militan en las filas de la oposición podrán ponerle su sello personal a las obras que se financien con esos recursos.

Claramente, los reparos planteados por peronistas y radicales apuntaban a la forma en que se habrán de repartir los fondos provenientes de la renegociación de los contratos de concesión, pero de manera alguna estaban dirigidos a las cuestiones de fondo, es decir a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la concesión de los yacimientos a privados y, dado el caso, a la conveniencia o inconveniencia del acuerdo alcanzado con la petrolera para los intereses de la provincia. O, en fin, a la potestad que tienen quienes hoy gobiernan, sean oficialistas u opositores, para comprometer el patrimonio de las futuras generaciones.

Estos cuestionamientos quedaron para una porción más reducida de la oposición, integrada por tres de los diputados de la Concertación, dos de Alternativa Neuquina y el legislador de Une, además del gremialismo estatal, que el mismo día en que la Legislatura respaldaba lo actuado por el gobernador Jorge Sapag, salió a manifestarse fuertemente en su contra.

También se escuchó el airado reclamo del sobischismo, que salió a señalar que la provincia "no estaba en una posición de fuerza para negociar", algo que no puede tomarse muy seriamente en primer lugar porque la debilidad relativa del gobierno tiene mucho que ver con le herencia legada por ese mismo sector y en segundo lugar porque Sobisch fue el abanderado de la renegociación de los contratos y si no la concretó fue sencillamente porque su crédito político se terminó abruptamente con el asesinato de Fuentealba.

Con todo lo que pueden tener de inconvenientes y hasta incómodas, las manifestaciones de los sectores minoritarios de la oposición política emepenista y no emepenista, no alcanzan por ahora para desequilibrar la relación de fuerzas construida por el actual gobierno en su alianza de hecho con la Concertación. Alianza que coincide con el acercamiento al gobierno nacional y que se ha expresado hasta el momento en el respaldo opositor a otros aspectos vitales de la política oficial, como la ofensiva limitada, pero ofensiva al fin para depurar el Poder Judicial. Por el contrario, con el respaldo a las prórrogas como el camino indicado para incrementar la renta del Estado, esa alianza tiende a consolidarse.

No puede decirse lo mismo en relación a la oposición gremial, que se sustenta no sólo en posiciones de principios sino en la puja por la distribución de los recursos del Estado. En su caso, paradójicamente, se rechaza la forma en que se incrementó la renta petrolera pero eso no impide reclamar en los hechos su participación en el reparto. ¿De qué otra manera podría el gobierno satisfacer las demandas de aumento superiores al 40% si no es aplicando también esos fondos a incrementar la masa salarial?

Quitando la pérdida del poder adquisitivo por la inflación, que en su mayor parte fue cubierta por el aumento del 25% otorgado en abril, es cierto que los sueldos de los estatales -no tanto los de los docentes- han quedado desfasados en relación a sus valores históricos después de los dos últimos gobiernos de Sobisch. Pero no parece ser éste el mejor momento para lograr su recuperación.

Ni la provincia, con sus finanzas bastante exangües, ni el país, cuya economía tiende a un enfriamiento, ni el mundo, cuya debacle económica terminará por influir en mayor o menor medida en la economía local, parecen proporcionar un contexto adecuado para esa empresa. Una señal en ese sentido la proporcionó esta semana el titular de la CGT, Hugo Moyano, quien resignó el reclamo de una suma fija de 500 pesos para pasar a exigir estabilidad laboral y salarial.

Con todo, haría mal el gobierno en resignar los canales de diálogo construidos trabajosamente con los gremios luego de años de sordera y confrontaciones provocadas desde el propio Poder Ejecutivo. A la actual gestión le cabe una cuota parte de responsabilidad por el actual estado de cosas. Después de todo pertenece al mismo partido -y muchos de sus hombres, incluido el gobernador, al mismo grupo- que provocó el actual desmadre financiero, algo verdaderamente inexplicable luego de cuatro años de enorme prosperidad, con ingresos que prácticamente se triplicaron merced al altísimo precio del petróleo y a las ventajas derivadas de la devaluación.

Mientras se prepara para resistir el asedio gremial, el gobierno busca resolver otras dificultades heredadas del clientelismo a mansalva practicado por su antecesor. Esta semana vio levantarse a varios municipios del centro de la provincia que reclamaban la incorporación a planta de contratados y subsidiados. Es que el MPN tiene que apagar todos los días los incendios que él mismo provocó, porque mucha de esa gente fue utilizada como masa de maniobra por el aparato del partido.

Ahora el gobierno quiere contribuir a crear trabajo en la actividad privada, y para eso piensa en polos de desarrollo con diferentes ejes productivos para cada rincón de la provincia. En Zapala, que es una zona libre de aftosa, aspira a crear un frigorífico. Así como un parque eólico en Cutral Co y usinas de paso en distintos puntos de la cordillera. Hasta sueña con reflotar la planta de fertilizantes si los excedentes de Gas Plus son lo suficientemente consistentes.

Mientras tanto, Sapag tiene pensado dar una señal importante con la elección del nuevo candidato para el TSJ que reemplazará al defenestrado Eduardo Badano. Con ese propósito habría tentado a Oscar Massei. El actual diputado del Frente Para la Victoria tiene buena imagen en la Justicia y su presencia podría contribuir a crear nuevos paradigmas en un poder arrasado por la contumacia política del grupo que gobernó hasta el año pasado.

HÉCTOR MAURIÑo

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