NEUQUÉN (AN).- Los ocupantes de la toma del barrio Confluencia Rural rechazaron ayer la propuesta del gobierno provincial de ser relocalizados e insistieron en que todas las familias sean regularizadas en ese predio. Ayer los ocupantes comenzaron a reconstruir las casillas derribadas por la Policía y denunciaron que en la madrugada de ayer sufrieron provocaciones por parte de efectivos policiales.

Luego del mediodía un grupo de usurpadores volvió a reunirse con funcionarios municipales y provinciales en el Obispado neuquino, en donde tras presentar el listado de las 89 familias que permanecen en el predio acordaron que el próximo jueves 23 volverán a reunirse las partes para la presentación de una propuesta definitiva que permita destrabar el conflicto que se mantiene abierto ya que desde el municipio se niega la posibilidad de que todas las familias se asienten en ese espacio. La negativa municipal volvió a ser plasmada ayer por el subsecretario de Vivienda y Tierras Fiscales, Carlos Di Camillo, quien advirtió que "una parte de ese terreno se va a lotear en 30 parcelas pero la solución debe ser integral a todo el sector". Di Camillo explicó que "en esa entrega hay que contemplar tanto a estas 89 familias como a las que estuvieron en la primera toma y a los vecinos del sector que están en el lista de aspirantes a tierra".

Si bien el encuentro de ayer, en el que no participó el ministro de Gobierno Jorge Tobares, se desarrolló en un clima de tranquilidad, los ocupantes del predio denunciaron que en la madrugada de ayer fueron provocados por un grupo de efectivos policiales. "Unos seis policías se pusieron a quemar en el patio de la Despo las cosas que sacaron de la toma. Ellos nos miraban y tiraban al fuego nuestras carpas, algunas ropas y tirantes de madera", explicó una de las voceras del grupo, Beatriz Pincheira.

En la reunión, que comenzó con una hora de demora por la tardanza de los ocupantes, participaron además de Di Camillo, un grupo de asesores de Tobares, una integrante de la Subsecretaría de Vivienda provincial, el defensor del Pueblo Juan José Dutto, el secretario de Derechos Humanos del municipio Jesús Escobar, el párroco Rubén Capitanio, la diputada Paula Sánchez y el subsecretario provincial de Derechos Humanos, Ricardo Riva. Ayer por la mañana los ocupantes comenzaron a reconstruir las casillas luego del compromiso asumido el miércoles de no ingresar materiales como ladrillos y cemento. En tanto que desde el municipio y la provincia se finalizaban ayer las tratativas para extenderles el servicio de agua potable.

"El miércoles dialogamos con el juez Marcelo Benavides y acordamos que mientras permanezca la mesa de diálogo se permita el ingreso de materiales precarios", señaló Dutto.