MADRID.- El juez Baltasar Garzón se declaró ayer competente para investigar las "desapariciones" durante la Guerra Civil española y el franquismo (1936-1975), lo que supone el primer paso en España para esclarecer la suerte de más de 100.000 personas, muchas de las cuales yacen en fosas comunes.
Garzón, que identificó el delito como "detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad", aduce que éste es "permanente", según el auto difundido por la Audiencia Nacional, principal instancia penal española.
Responde así a 22 denuncias hechas por asociaciones de familiares de toda España a partir de diciembre de 2006, lo que supone el primer paso en España para el esclarecimiento de las circunstancias en que desaparecieron al menos 114.266 personas --según la lista retenida por Garzón a partir de datos de las familias--, casi todas del bando del gobierno republicano español.
Una ley de 1977, dos años después del fin de la dictadura, declaró una amnistía que impidió investigar ese tipo de delitos, pero Garzón defiende que los crímenes contra la humanidad no pueden anularse.
La fiscalía española ha anunciado que recurrirá la decisión basándose en la amnistía de 1977, y alega además que la competencia es de la justicia local.
Las denuncias señalan "la existencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a partir de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas de personas a partir de 1936, durante los años de la Guerra Civil y los siguientes de la posguerra", según el auto de Garzón, de 68 páginas.
El juez, que ordenó la creación de un grupo de expertos y de policía judicial, autoriza las exhumaciones de fosas en 19 localidades españolas "a la mayor urgencia" a cargo de los juzgados regionales y la policía judicial.
Una de las fosas es la que contiene los restos del poeta Federico García Lorca junto con el maestro de escuela Dióscoro Galindo y dos toreros anarquistas, todos ellos ejecutados en 1936 cerca de Granada (sur) a manos de antirrepublicanos. La familia de García Lorca anunció en septiembre que no se opondría a la apertura de la fosa, de la que no era partidaria hasta esa fecha.
Garzón reclamó asimismo a los registros civiles españoles los certificados de defunción de los 35 principales responsables --entre entre ellos el general Francisco Franco--, del bando fascista vencedor de la Guerra Civil, que instauró la dictadura, para "declarar la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento".
Además pidió al ministerio del Interior que identifique a los máximos dirigentes del movimiento franquista Falange Española entre 1936 y 1951 para fijar posteriormente posibles imputaciones o extinción de responsabilidad por fallecimiento.
A principios de septiembre, Garzón inició la vía hacia esta investigación pidiendo información a ministerios, ayuntamientos, la Iglesia católica y el Valle de los Caídos, la basílica en que están enterrados el dictador Francisco Franco y miles de víctimas de la guerra. La decisión de Garzón se produce 10 años después de que el ex dictador chileno Augusto Pinochet fuera detenido en Londres por orden del juez español, firme defensor y practicante de la justicia universal para crímenes contra la humanidad. (AFP)
