NEUQUÉN (AN).- Luego de los violentos incidentes en la toma del barrio Confluencia, el gobierno acordó con las personas que ocupaban las tierras la tramitación de un permiso ante la Justicia, para que puedan permanecer en el predio hasta encontrar una solución definitiva para el problema habitacional que plantean.

El acuerdo llegó ayer cerca de las 15, tras una reunión que duró casi cuatro horas en el Obispado, de la que participaron representantes de las familias, el ministro de Gobierno, Educación y Cultura, Jorge Tobares, el subsecretario de Tierras de la comuna, Carlos Di Camillo, el secretario de Derechos humanos del municipio, Jesús Escobar, obreros de la Cerámica Zanon, y el párroco Rubén Capitanio.

Las 89 familias se mostraron inflexibles. Si bien se abrió un plazo de ocho días para encontrar una salida alternativa entre las partes intervinientes, ayer señalaron que quieren quedarse en el espacio destinado a un espacio verde, y evaluar qué es lo que les ofrecen.

Una vez que la Justicia lo autorice, podrán ingresar "material precario", según consta en al acta que suscribieron. Por caso, "nailon, tablas, chapas, cartón, carpas". Pese a que no está escrito en el acta, el ministro dijo que la rotura y destrucción de estos materiales durante el operativo policial serán reconocidos por la provincia.

A cargo de solicitar la autorización judicial quedaron el defensor del Pueblo, Juan José Dutto, Escobar, y el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Ricardo Riva.

Otra concesión que hicieron los gobiernos municipal y provincial es la instalación de una manguera para proveer de agua a las tierras. Se trata de algo que fue lo que desató el conflicto.

Hoy al mediodía habrá otra reunión en el Obispado. Los vecinos entregarán una lista con las familias aspirantes a obtener un lote a los dos gobiernos, el provincial y el comunal, para que verifiquen que no son propietarios de casa ni parcela alguna.

El cronograma acordado prevé que el próximo 23 de octubre, en el mismo lugar, haya otra reunión donde a los tomadores se les ofrecería una alternativa de reubicación. "Lo más importante es que recuperamos la capacidad de diálogo", dijo Tobares en la conferencia de prensa que sucedió a la prolongada reunión. Los referentes de las familias se mostraron "por ahora conformes con el pequeño paso que se ha dado".

El ministro, que se presentó en el Obispado poco después de las 10, y que recibió duras críticas de organismos de los derechos humanos por la respuesta policial durante el operativo que buscó cumplir con la orden judicial de impedir la consolidación de las familias en la tierra, admitió que hubo "excesos" y que por eso se abrirán los sumarios correspondientes a efectivos policiales de constatarse las responsabilidades.

Ayer, a pedido de organismos de derechos humanos, la fiscal de Delitos Complejos, Gloria Lucero, le pidió al juez Marcelo Benavides, un allanamiento en la sede de los grupos especiales Uespo. Era para buscar a una persona que estuvo desaparecida. Tobares dijo, durante la conferencia de prensa, que ya había sido encontrada. Se apellida Bustamante, y habría vuelto a su familia junto con otra persona del mismo apellido, luego de que se calmaron los ánimos en la jornada de ayer.

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos informaron que hubo 12 detenidos en las comisarías Primera y Segunda. Durante toda la mañana mostraron fotografías a la prensa donde se vieron los rostros golpeados de algunos de los que estaban en el predio de la toma. Se vio sus espaldas cruzadas por los bastonazos y balazos de goma usados durante los incidentes.

El caso también tuvo su rebote en el arco de los gremios opositores, que hoy volverán a realizar un paro, que se presentaron frente a la Catedral, y que sumaron como uno de los puntos que hoy los movilizará, el repudio generalizado a la violencia policial.