NEUQUÉN (AN).- La "estafa de los pagarés" afectó a unos 500 empleados del Hospital Castro Rendón por una suma que ronda los 7,5 millones de pesos. En total serían unos 2.000 los empleados públicos damnificados, pero todavía la Justicia no brinda información respecto de la magnitud de la maniobra en la que están acusados de participar un perito documentológico del Poder Judicial y un abogado de Cutral Co.

Tras dar a conocer "Río Negro" el allanamiento al domicilio de uno de los implicados en la millonaria estafa, decenas de personas comenzaron a contar sus "malas experiencias".

Ahora, desde la Junta Interna de ATE del Hospital Regional, salieron a denunciar que hay unos 500 trabajadores damnificados con embargos de hasta 18.000 pesos sobre sus sueldos.

Juan Millapán, integrante de la Junta Interna, es uno de los afectados y vocero del resto de sus compañeros.

"En 1999 nos enteramos, por el boca en boca, que había un hombre -por el perito judicial- que vivía en el barrio Jardines del Rey que otorgaba préstamos a empleados públicos" comenzó relatando Millapán.

Explicó la metodología que utilizaba el perito: "Había que llamarlo, en ese momento te daba una cita para dentro de dos o tres días en determinado horario, y de acuerdo al monto solicitado te decía la cantidad de garantes que necesitabas", comentó el afectado.

La tablita de garantes estipulaba que "para 500 pesos hacía falta un garante, para 1.500 pesos dos, para 2.500 pesos tres y más de eso cuatro garantes".

El perito tenía una especie de pequeña oficina pegada a su casa y ahí atendía a los solicitantes.

"Todos debían mostrar el documento de identidad y el bono de sueldo de la repartición a la que pertenecían", aclaró Millapán quien aseguró que nunca nadie le preguntó de dónde sacaba esos fondos.

Titulares y garantes firmaban un pagaré donde sólo llenaban los datos personales y se lo firmaba. "La cifra y la fecha quedaban en blanco", afirmó el dirigente de ATE.

Una vez que el titular terminaba de pagar el crédito, el prestamista comenzaba a escurrirse y dar excusas para evitar devolver el documento firmado.

Tras la salida de la convertibilidad comenzó la ejecución de los pagarés pero en dólares, triplicando así el valor inicial que era en pesos.

El encargado de hacer las ejecuciones fue un abogado de Cutral Co y los afectados denuncian que "esta gente llenó los pagarés con dirección de Cutral Co para ejecutarlos desde allá", informó el hombre de ATE.

Si bien se realizaron denuncias en la Fiscalía de Delitos Complejos aseguraron que nada sucedió hasta que intervino la fiscalía de Cutral Co, que fue la encargada de ordenar los recientes allanamientos.

Los afectados del hospital pedirán una reunión con el ministro de Gobierno, Educación y Cultura, Jorge Tobares, para solicitarle que se frenen los embargos hasta que se concluya con la investigación judicial.