NEUQUÉN (AN).- Un proyecto de ley que será presentado en los próximos días en la Legislatura, propone avanzar en los derechos legales de las víctimas de delitos, garantizando su participación como querellantes en los procesos legales. Sería a través de defensores oficiales gratuitos, logrando la acción activas de las víctimas en todas las instancias de juicio.

Recientemente se aprobó en la Legislatura una ley similar, pero orientada a los derechos de los menores de edad víctimas de abuso sexual. En el trabajo que se busca incluir en la reforma de los códigos procesales que se realizará en los próximos meses en la Legislatura, se propone ampliar esa representación a todas las víctimas de delitos penales.

Se trata de una propuesta elaborada por la subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, a cargo de Ricardo Riva, que llegará al ámbito legislativo en pocos días.

En el proyecto se define como víctima a "las personas directamente ofendidas por el delito", familiares y/o representantes legales; personas jurídicas o instituciones "en aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos".

La víctima tendrá derecho a recibir "un trato digno y respetuoso", se resguardarán sus datos y, "sin perjuicio de la posibilidad de constituirse como parte querellante o particular damnificado, podrá intervenir en el proceso penal conforme a lo establecido por la ley". Es decir, si el proyecto avanza, la víctima tendrá garantizada su participación como querellante, "derecho a ser escuchada ante cada decisión que implique extinción o suspensión de la acción penal y, en su caso, a impugnarla".

Según se argumentó desde la subsecretaría de Riva, los cambios que se proponen al código de procedimientos parten de que "la víctima es la protagonista principal del conflicto, junto al autor del hecho" y que "nunca se podrá dar una solución integral si su interés no es atendido". "Se busca encontrar un balance entre las garantías del imputado y los derechos fundamentales de las víctimas", se agregó en el informe. La propuesta avanza hacia la idea de que, "en un Estado de derecho, los poderes públicos deben promover a través de sus órganos legislativos y jurisdiccionales los medios necesarios para restituir el orden quebrantado".

El informe será presentado en los próximos días y será debatido y estudiado en el marco de la reforma integral de los códigos de procesamiento de la provincia.