NEUQUÉN (AN).- A las 22, con los manifestantes eufóricos en los terrenos de los cuales habían sido desalojados la noche anterior, terminó una violenta jornada en el barrio Confluencia donde a la represión policial coordinada por el ministro de Seguridad, César Pérez, le siguió la estrategia negociadora del jefe de la cartera de Gobierno, Jorge Tobares.

Hoy a las 10 habrá una reunión en el Obispado de Neuquén donde el gobierno municipal y el de la provincia le harán una nueva oferta a los vecinos que tomaron un costoso predio en la calle Obrero Argentino hace un mes y medio. De allí fueron desalojados durante la madrugada y allí volvieron cuando llegó otra vez la noche. Es que durante todo el día, la Policía y los ocupantes desalojados se enfrentaron violentamente: unos con piedras y una pocas balas y otros balas de goma y gases lacrimógenos.

Como consecuencia de los enfrentamientos hubo ocho policías heridos, uno de ellos con un balazo en el pie, según informaron fuentes del ministerio de Gobierno, y un número no precisado de víctimas de las perdigonadas de goma. También, en una violenta irrupción, los uniformados detuvieron a ocho personas, que fueron duramente golpeadas durante el traslado a las camionetas policiales. El colmo fue que entre las personas golpeadas estaba la asesora del ministerio de Gobierno Graciela Montalbán, que fue mandada por Tobares a hacerles una oferta a los manifestantes

El ministro Pérez dijo a las cuatro de la tarde que el predio iba a ser resguardado por la Policía. Todo cambió cuando llegó Tobares quien a viva voz les pidió a los uniformados que se retiren. Lo hicieron a regañadientes, insultados, y apedreados en las narices del ministro. A esa altura, Pérez permanecía refugiado en el interior del edificio de la Uespo, la policía antimotines. Tobares resistió todo tipo de insultos pero cedió y apaciguó en medio de un clima de tensión imposible de describir. La decisión fue para evitar que hubiera alguna víctima fatal, algo que era por demás posible. La decisión creó malestar en la Policía y enervó los vecinos propietarios de la zona que ven que todos sus proyectos pueden fracasar a partir del avance de los nuevos asentamientos.

"Me tiraron una molotov", dijo la propietaria de un salón de fiestas.

Los incidentes comenzaron con un intento de conexión de agua y luz clandestina terminó con el desalojo del predio donde la policía, que terminó cumpliendo con la orden judicial de desalojo. Vecinos denunciaron abusos policiales y tras fracasar un intento de negociación con el gobierno provincial las topadoras municipales limpiaron el predio.

El origen fue a las 21.30 del lunes cuando un grupo de integrantes de la toma realizaba un zanjeo para llevar agua en forma clandestina al predio en el que habitaban unas 80 familias. Ante esa situación la policía interrumpió el zanjeo que se realizaba, debido a que la orden judicial dictada semanas atrás por el juez Marcelo Benavides impedía la consolidación del asentamiento. "Nos tiraron a quemarropa porque queríamos sacar agua", contó Carlos, uno de los vecinos que estuvo presente cuando arrancó el conflicto. Esta versión fue desmentida por la policía.

A partir de ese incidente efectivos de la Metropolitana ingresaron al predio y entre disparos disuasivos, gases, corridas y piedrazos se logró el desalojo del terreno.