Según el diario "Clarín" del 27 de setiembre, el gobierno habría hecho llegar un borrador del proyecto de ley a la Unión Industrial, a la Unión de ART y a la CGT para consensuar cambios en la normativa sobre accidentes de trabajo en los casos de aquellos que se producen en el trayecto de ida y regreso del trabajo a la vivienda del trabajador. El cambio sería que con fondos de la Anses, o sea, plata de los jubilados, se pagaría parte de estas indemnizaciones, lo cual disminuiría las cifras a pagar por las ART y las patronales... una verdadera redistribución de la riqueza al estilo Robin Hood: se saca a los pobres para ayudar a los ricos a ganar más. Además, ¿alguien encuentra alguna relación entre fondos jubilatorios e indemnizaciones a cargo de empresas privadas? ¿Por qué esta mejora para los empresarios, que supuestamente están haciendo un negocio que conlleva riesgos? No piensen mal, es solamente un momento de desvarío conceptual.

¿Cuál es el mecanismo mental que hace que los gobernantes -de cualquier signo- recurran con tanta facilidad a utilizar dinero que les pertenece a los jubilados como si tuvieran sobre él algún derecho?

Si esta "gran idea" se llevara a cabo, los que la tomaran, integrantes del gobierno o del cuerpo legislativo, estarían en condiciones de ser denunciados ante la Justicia por mal desempeño y otros delitos contra la Constitución y en el manejo de los fondos entregados a su cuidado.

Hay cosas que no merecen mayores comentarios, porque en caso de ahondar en ellos uno puede caer fácilmente en insultos soeces.

Hace ya tiempo que he notado que este gobierno contabiliza los aportes jubilatorios como ingresos propios del Estado. Salvo que se haya "filtrado" alguna ley que así los califique, los ingresos de la Anses son de los jubilados y no pueden ser usados para otra cosa que no sea hacer frente a los haberes jubilatorios y los gastos de funcionamiento de ese organismo; por lo tanto, este proyecto en estudio es injusto, ilegal e inconstitucional. Además, se consulta a los que van a ser beneficiados, la UIA y las ART, pero no a las organizaciones de jubilados. Y la CGT no cuenta, forma parte del gobierno.

En lo que va de la gestión de la Sra. presidenta, el Estado se ha apropiado de más de cinco mil millones de pesos de fondos previsionales para vaya a saber qué y abona el 8% anual de interés cuando la inflación es del 20/25% anual, lo que significa que esos fondos sufren una fuerte disminución. Esta pérdida forma parte de las razones ocultas que justificarían extraños cálculos para establecer la movilidad en lugar de uno simple y claro, que podamos controlar todos, acerca de cuánto aumento le corresponde a cada jubilado en relación con el promedio del salario de los activos.

Horacio R. Carey

DNI 4.257.806

Bariloche