Forzado por un análisis técnico de un organismo nacional, el gobernador Miguel Saiz rescindió el viernes los contratos de provisión de alimentos vigentes con Flavors y Masily y retiró a esas firmas del Registro de Proveedores del Estado. Además, suspendió provisoriamente la licitación en marcha y todo parece indicar que la provincia se encamina hacia un replanteo de los programas alimentarios. La decisión del gobernador es, en su contenido, inobjetable. Pero políticamente, la ocasión y el modo no evitan que el caso resienta la imagen de una gestión de por sí pobre.

Pudo hacerlo antes. Debió hacerlo antes.

Al actuar obligado por la resolución del organismo que es la máxima autoridad en materia de alimentos, Saiz se privó de la ventaja de ser considerado un gobernante sensible para detectar la conveniencia de la comunidad que conduce.

A pesar de que el decreto descomprime en forma apreciable la situación, él y varios integrantes de su equipo de gobierno han quedado muy expuestos.

¿Cómo explicar que se toma ahora una medida que fue reclamada durante años?

Primero hablaron los alumnos y otros destinatarios de los planes sociales. Después los padres de los chicos, los docentes y los dirigentes del gremio Unter.

También habló la defensora del Pueblo. Y el fiscal de Investigaciones Administrativas. Y el vicegobernador.

Y políticos, periodistas, profesionales de la salud, intendentes, dirigentes vecinales, vecinos.

Algunos opinaron desde el conocimiento académico. Otros, desde sus convicciones políticas. Los más, desde la percepción directa y el sentido común.

Con matices, la duda fue siempre:

¿Por qué gastar millones en alimentos secos preelaborados, ajenos a los hábitos alimenticios de la sociedad, bajos en nutrientes y caros en relación con el beneficio que aportan?

Éste es el punto central: la razonabilidad, ausente.

Durante diez años, el gobierno ha justificado la compra de alimentos secos preelaborados manifestando que abastecer de productos frescos a comedores escolares o familias pobres de una provincia tan extensa no es fácil. Requiere de una logística aceitada.

Pero datos de la realidad derrumban este argumento.

En principio, para la ingeniería de los alimentos no escapa que la mayoría de las vitaminas que contienen los vegetales se deterioran rápidamente desde que son cosechados. En gran medida son 'termolábiles', es decir que se degradan rápidamente por la acción de las altas temperaturas. Sólo un proceso industrial de deshidratado ultrarrápido permite salvar algunas de ellas. En los procedimientos industriales convencionales, de secado por corrientes de aire caliente, la mayoría de los nutrientes se pierde, y de ello resulta que las verduras deshidratadas aportan a una dieta poco más que fibras.

Hubo opción. En aquella primera licitación que ganó Masily en 1998 otra oferente -Campos del Pilar- ofrecía entregar alimentos termoestabilizados con productos frescos, aptos para ser conservados durante muchos meses sin necesidad de cadena de frío. No fue considerada.

De todos modos, nadie discute que lo ideal es que los chicos consuman vegetales frescos, si es posible crudos. Y que las familias puedan cocinar a su gusto y comer en sus casas.

Pero hay un dato más curioso.

Hasta ahora, lo único "seco preelaborado" que entregaban Flavors y Masily eran vegetales, harinas y leche en polvo. Mientras que la carne, las frutas, los huevos y los quesos destinados a las escuelas -productos tanto o más sensibles al tiempo y a las temperaturas- se compraban por otro lado y entregaban en toda la provincia a través de convenios con municipios o particulares. En varios casos, sin ninguna medida de conservación. Como en la escuela de Casa de Piedra, donde se pretendió entregar carne verdosa y maloliente para 15 días, transportada más de 100 kilómetros en un auto sin refrigeración.

En fin, durante demasiado tiempo, el gobierno de Miguel Saiz pretendió ignorar las quejas y desatender las sugerencias.

No sólo desafió a la oposición, a los medios y a la comunidad educativa, sino a dos órganos de control externo del Estado. Frente a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Defensoría del Pueblo eligió la descalificación y el agravio. Exhibió escasa información al acusar a Pablo Berraz de haber emitido sólo dos resoluciones en el año cuando fueron 76.

Ahora, la duda es si la rescisión del contrato implica que el gobierno le soltó la mano a Flavors. No es posible asegurarlo.

Lo que sí se advierte es la profunda división en la postura adoptada por los funcionarios del Ministerio de Familia y de otros ámbitos involucrados -por voluntad o disciplina- en este desagradable proceso.

Desde que el Inal dio a conocer su resolución, todo fueron costos políticos y dispersión entre quienes quedaban en la línea de giro del expediente. El papel les quemaba.

Si Saiz hubiera actuado antes, se hubiera ahorrado también que toda la provincia conociera detalles que muestran al grupo contratista como un exponente de una "Patria contratista" conformada por empresarios ricos con empresas pobres.

Por ahora, el gobierno suspendió todo "hasta tanto haya una resolución judicial".

Pero es precisamente el juez Pedro Funes quien no parece interesado en una pronta resolución del tema: no ha implementado aún las medidas de prueba que le solicitó la fiscal Zágari y no modificó su licencia.

A pesar de todo esto, le resultará difícil al gobierno insistir en esquemas poco transparentes. Por errores propios más que por méritos ajenos, la cuestión de los alimentos sociales ha quedado en el centro de la atención, y habrá -por fortuna- muchos ojos mirando las próximas acciones oficiales.

Alicia Miller

amiller@rionegro.com.ar