ZAPALA (AZ).- El gobierno neuquino logró desactivar el corte de ruta que desde hace varios días mantenían un grupo de subsidiados en reclamo de mejoras en sus haberes. Anoche, alrededor de las 20.30, los manifestantes levantar el bloqueo luego de acordar contratos para cada uno de ellos por 900 pesos mensuales durante once meses.

Si bien no hubo información oficial, fuentes cercanas a los negociadores de la provincia, Gabriel "Tom" Romero y Luis Martínez, confirmaron que el acuerdo se selló en esos términos.

Los mismos voceros adelantaron que ya estaba resuelto el conflicto con los desocupados que mantenían tomado el municipio zapalino y el corralón. Desde el gremio no se dieron explicaciones hasta el cierre de esta edición, pero ex dirigentes de ATE relativizaron el supuesto entendimiento dejando entrever que no había certezas al respecto.

La resolución, al menos parcial, del diferendo permitió descomprimir el panorama justo cuando el juez de Instrucción, Oscar Domíguez, había salió al cruce de los cuestionamientos que recibió la Justicia por parte de la Cámara de Comercio confirmando que ya había librado las respectivas órdenes para que la policía provincial desaloje la Ruta 22 y el corralón municipal.

La inactividad de los empleados comunales se hizo sentir ayer con fuerza a partir de la acumulación en varios sectores de la ciudad de montañas de residuos.

La escasez de combustible se mantuvo durante toda la jornada junto al malhumor de los comerciantes y empresarios de la región que planificaban recepcionar un importante flujo turístico como consecuencia del fin de semana largo. "La orden para desalojar la ruta fue dictada el martes por la noche a raíz de una presentación del fiscal Marcelo Jofré", aseguró ayer el juez Domíguez quien rechazó de este modo las críticas del presidente de la Cámara de Comercio, Sergio Díaz, quien había manifestado que la justicia no "hace nada por resolver el conflicto".

Sin embargo, Domínguez admitió que hasta ayer la policía provincial no había realizado una sola acción tendiente a cumplir la orden judicial.

En la misma línea, Domíguez afirmó que el intendente Edgardo Sapag presentó una denuncia por la ocupación del corralón que dio origen a otra orden de desalojo que tampoco se hizo efectiva.

"No solo ordené liberar el corralón sino que además pedí que se detenga a las personas que están causando este delito" enfatizó el magistrado en diálogo con "Río Negro".

El panorama ayer en esta localidad era desolador.

La falta de la prestación de un servicio básico como la recolección de residuos trajo como consecuencia la acumulación de basura en varios puntos de la ciudad. El accionar de los perros callejeros despedazando las bolsas hizo que la situación fuera todavía más alarmante.