ROCA (AR).- Tras conocerse la decisión del Instituto Nacional de Alimentos que ordenó el retiro de circulación de las leches en polvo de las firmas Masily y Deshifood, legisladores justicialistas anticiparon que llevarán el caso ante la justicia la próxima semana y que enviarán una carta documento al gobernador, Miguel Saiz, para exigir que saque a Flavors y Cía SA de la lista de proveedores del Estado.

También pedirán que se declare desierta la licitación para la compra de alimentos.

Los legisladores Carlos Peralta, Pedro Pesatti y Silvia Horne pidieron celeridad en el tratamiento del tema. No obstante, Peralta destacó la necesidad de que actúe le Justicia "porque creemos que hay complicidad por parte del gobernador, del ministro (de Familia) Pega, de la ministra de Salud, Cristina Uría y también de (la ex ministra) Adriana Gutiérrez, ya que se siguió distribuyendo a miles de chicos una leche que no era leche, que no es apta para el consumo".

El legislador del PJ habló de un posible "delito contra la salud pública", contemplado en el Código Penal, que establece penas por adulterar o envenenar aguas potables, alimentos o medicinas.

También advirtieron que "algún fiscal ya debería estar investigando cuáles son las responsabilidades de los funcionarios".