BUENOS AIRES.- El Gobierno nacional le expresó ayer a la administración de Estados Unidos su "preocupación y desagrado" por el accionar del FBI contra la testigo María Luján Telpuk, que fue a declarar a Miami en la causa vinculada con el venezolano Guido Antonini Wilson, a quien se le incautó una valija con casi 800 mil dólares.

El gobierno aseguró que "es inadmisible la acción intimidatoria" ejercida por el FBI contra Telpuk, cuando fue a declarar en la justicia de esa ciudad de Estado Unidos.

Al llegar a Miami, Telpuk -según su relato- fue abordada por agentes del FBI que la llevaron a un lugar privado donde la interrogaron y hasta le habrían sugerido dónde buscar trabajo en Estados Unidos.

La posición de la presidenta Cristina Fernández fue comunicada al embajador de los Estados Unidos, Anthony Wayne, durante una reunión que mantuvo con el canciller Jorge Taiana.

Al respecto, la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires sólo se limitó a confirmar la reunión y a que Taiana "le expresó" a Wayne "sus inquietudes con respecto a ciertos eventos en los EEUU".

"El Embajador le aseguró que transmitiría a Washington dichas preocupaciones. El Embajador no podía hacer comentarios debido a normas estrictas que prohíben referirse a casos aun pendientes en las cortes federales de los Estados Unidos", indicó la representación diplomática norteamericana.

El encuentro entre Taiana y Wayne culminó minutos después de las 17.30, en el que el canciller pidió explicaciones en nombre del gobierno nacional y le transmitió la "preocupación y desagrado" por el accionar del FBI.

Taiana citó en su despacho al embajador de los Estados Unidos "para manifestarle la preocupación y desagrado del gobierno argentino por la acción intimidatoria ejercida por agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos contra una testigo argentina citada a una audiencia ante la Corte Federal de Miami".

"Para la Argentina resulta inadmisible que la misma agencia que lleva a cabo la investigación que se sustancia ante esa sede judicial, ejerza una acción de esa naturaleza sobre una testigo con anterioridad a su testimonio, circunstancia en la que se le habría ofrecido asilo político y trabajo en los Estados Unidos", afirmó el Palacio San Martín en un comunicado. Agregó que "se trata de un intento de condicionar su declaración ejerciendo una presión indebida que afecta la transparencia que requiere cualquier proceso judicial y la necesaria protección y seguridad de los testigos". Para la Cancillería, "el hecho reviste especial gravedad pues se trata de la testigo que, en cumplimiento de sus funciones como agente de la PSA, fue la que descubrió la comisión de un ilícito en la República Argentina".

"El ofrecimiento de asilo político a la testigo por parte de una Agencia de los Estados Unidos resulta particularmente ofensivo para la Argentina, pues existen en nuestro país las plenas garantías del estado de derecho", enfatizó la Cancillería.

También reclamó que "requiere al gobierno de los Estados Unidos las explicaciones correspondientes por un hecho que refleja una manifiesta intencionalidad por parte de una Agencia Federal de ese país de perturbar un proceso judicial e impedir un esclarecimiento completo de los hechos". (DyN)