La intimidad para dirimir los desacuerdos ha sido uno de los mal llamados "méritos" del radicalismo rionegrino, y es la probable causa de varios de los males que aquejan a la provincia.

El poder -ese polo norte magnético de la ambición- ha ejercido hasta ahora su influjo ordenador.

Tan fuerte ha sido su efecto, que ha generado una estructura de gobierno que se autoalimenta y regenera, sorbiendo del Estado la energía para su propia supervivencia.

El costo, nimio al parecer frente a los beneficios, ha sido que el grupo que conduce los destinos de la provincia desde hace casi 25 años se ha alejado no sólo de los ciudadanos que individualmente constituyen la red de usuarios y contribuyentes del Estado provincial, sino que también ha dejado atrás las propias bases políticas del radicalismo.

Esto obedece a que la pervivencia de una estructura guiada por lealtades recíprocas más que por valores republicanos implica, además del pisoteo de normas de derecho público, el desdén por los mecanismos de la democracia partidaria interna.

"Pertenecer tiene sus privilegios", decía hace unos años la publicidad de una tarjeta de crédito.

De similar modo, el grupo en el gobierno asigna y retira gentilezas premiando la ausencia de autonomía y la obediencia y castigando la independencia de criterio.

Guante de seda para los que sonríen, aplauden, firman y callan.

Descalificación, aislamiento y castigo para quienes pretenden cumplir con las obligaciones de su cargo en lugar de acatar las instrucciones del poder.

Esta semana, el ex ministro de Salud y Acción Social y actual legislador Daniel Sartor hizo tronar el escarmiento contra el vicegobernador Bautista Mendioroz.

¿El motivo? En realidad, dos:

El vice nunca cortó el diálogo con la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, castigada desde hace un par de meses al confinamiento por el equipo de gobierno por denunciar irregularidades administrativas y de calidad en los alimentos que proveen al Estado las empresas Flavors y Masily, del grupo Matas.

Además, Mendioroz recomendó públicamente suspender la apertura de sobres de las dos licitaciones en trámite porque "hay dudas sobre la solvencia financiera, legal y empresarial" de Flavors, sobre el origen de los alimentos y sobre la falta de nivel nutricional de la leche que entrega.

Eso bastó para que se desatara una purga política en su contra. "Mendioroz hace oposición interna", "no está invitado a la reunión de gabinete", "no hay proyecto político fuera del gobierno". Las frases fueron cepo no sólo para aislar al destinatario sino para advertir al resto: Mendioroz es intocable, conviene no saludarlo, invitarlo ni adherir a sus propuestas. Kaput, finish, adiós.

Suena cómico.

Mendioroz es el vicegobernador. Y ha sido partícipe necesario de todas las decisiones de gobierno desde hace al menos nueve años.

Algo similar sucedió esta semana con el fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz, quien -a pesar de su reconocida parsimonia- se vio superado por las evidencias de irregularidades en la provisión de alimentos y se resignó a fijar una

posición, ante el riesgo de que su inactividad lo dejara al borde de un incumplimiento de deberes: recomendó suspender a Flavors como proveedora del Estado.

"Es un empleado de Mendioroz", tronó Sartor. "En diez meses del año ésta es su resolución Nº 2", apostrofó el gobernador Miguel Saiz.

Y las dos cosas pueden ser ciertas.

Nadie ignora que Berraz fue asesor del vicegobernador y empleado preferido del grupo de poder que integran Saiz y Sartor. Y ésa fue precisamente la cualidad que ambos ponderaron para proponerlo y votarlo al frente de un órgano de control externo del Estado, al que pertinazmente se ha negado el acceso a toda persona independiente.

Enceguecidos de furia, y a la manera de aquellos a los que reprochaba en su alegato feminista sor Juana Inés de la Cruz, hablaron sin ver "que son la ocasión de lo mismo que juzgáis".

La ira del poder es extraña. Busca atemorizar, pero muestra debilidad y pobreza de argumentos.

No fue casual que la oposición legislativa -que había pasado a un segundo plano desde el cansador informe parlamentario del ministro Alfredo Pega- volviera a elevar el tono: "Esto es una pelea de bandas disputándose un suculento botín de 150 millones de pesos, y le están demostrando a todos los rionegrinos que no les preocupa la calidad de los alimentos de los planes sociales ni la leche que consumen nuestros chicos en los colegios y comedores escolares, sino tan solo garantizar un buen negocio para algunos funcionarios y la continuidad del control electoral que puedan generar con la distribución de esos alimentos", dijeron los legisladores Soria y Peralta.

De un modo u otro, hasta el momento ni siquiera la política ha conseguido ocultar lo que aparece hoy en forma evidente:

El gobierno ha apostado mucha energía verbal y mucho de su poder real en defender a dos empresas que en realidad son una misma personalidad física. Y que muestran pésimos antecedentes de incumplimiento e insolvencia. Eso, sin considerar la escasa calidad nutricional de los productos que proveen, lo que torna bastante más onerosa su contratación en la medida en que éstos resultan más inocuos para el mejoramiento de la situación alimentaria de la población escolarizada o pobre.

Si la leche no resulta nutritiva, si miente su rótulo al decir que es "entera", si Matas afirma que la fabrican en San Luis pero a la vez muestra un acta de inspección que dice que allí no se hace, si la compra de comida deshidratada no reemplaza el gasto en productos frescos ni permite ahorrar en personal ni en combustible, si Flavors instaló su planta en la provincia sólo por confiar en que la seguirán contratando, si el pliego de la licitación está tan hecho "a medida" que nadie más se presenta.

En fin, si de todo lo dicho se desprende que no están dados los mínimos requisitos para garantizar la transparencia, la libre competencia y la prevención de prácticas monopólicas en la contratación de alimentos, el gobierno de Miguel Saiz obtendría mucho más rédito político y social si cancelara hoy todo el proceso licitatorio y comenzara otra vez por el principio.

No hacerlo no sólo podría acarrearle una ruptura interna, sino que lo pondría al borde del bochorno público.

La pregunta surgirá en forma espontánea: ¿qué razón tan poderosa lleva a Saiz a poner tanto en juego a cambio de seguir comprando alimentos a los Matas?

Por el momento nada permite suponer que la prudencia o la mesura sean un valor de importancia para quienes toman la decisión en el gabinete provincial.

Pero todavía queda tiempo para la reflexión.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar