NEUQUÉN (AN).- Un total de 17 delegados del gremio de los empleados municipales Sitramune serán llevados a juicio en pocas semanas por la causa iniciada a raíz de la toma, en 2005, del edificio de la intendencia, durante un conflicto de 85 días. Entre los imputados se encuentra el entonces secretario general del gremio Luis Martínez, que fue acusado por la Justicia de un delito no excarcelable y por el cual podría cumplir una pena de entre 5 y 10 años de cárcel.

El decreto de citación a las partes fue dictado por la Cámara Criminal Segunda el 25 de septiembre, y concretado hace una semana. En él se ratifica que el 26 de agosto la fiscal Sandra González Taboada pidió elevar a la Cámara Criminal la causa que desde 2005 instruía el juez Marcelo Benavídez, que hizo lugar al requerimiento.

En el caso de Martínez se le imputa el delito de coacción agravada ya que el 16 de junio en una conferencia de prensa indicó que "los trabajadores si somos apaleados, si somos reprimidos, tenemos elaborada una serie de estrategias que le van a complicar el futuro político al intendente Quiroga. No tengan dudas". La intimidante acusación está contemplada como coacción agravada, al ser contra un funcionario, y no permite la excarcelación de su imputado en caso de ser procesado.

El segundo delito contemplado en el proceso es el de malversación de caudales que se le imputa a 16 empleados municipales, entre ellos Manuel Sánchez, José Curipe, Roberto Sanhueza y Juan Pichumil, que el 13 de junio de 2005 retiraron maquinarias viales y camiones regadores y cisternas de las dependencias de Servicios Públicos, que luego fueron ubicados frente al edificio municipal, formando parte de la protesta que comenzó el 9 de junio y culminó el 1 de septiembre de 2005, durante la gestión anterior.

En la causa se indica que los trabajadores habrían engañado a sus superiores firmando planillas, cargando combustible y tomando tareas, para luego destinar los vehículos a fines diferentes del que están destinados.

La causa contemplaba un tercer delito, el de la toma del edificio, que debió ser desestimado ya que los 300 informes elaborados por la Policía a pedido de la Justicia carecen de la necesaria firma de testigos.

"Esperamos que sea un juicio ejemplificatorio para que los gremios entiendan que no pueden actuar delictualmente como Sitramune", aseguró el abogado del municipio, José Gerez.