El gobierno argentino salió a admitir por primera vez que evalúa suspender la anunciada cancelación de deuda con el Club de París, por unos 6.700 millones de dólares, a raíz de la delicada coyuntura internacional que viven los mercados. Al mismo tiempo, la presidenta Cristina Fernández admitió que la crisis financiera "seguramente tendrá secuelas económicas y sociales que deberemos abordar y tratar".

El ministro del Interior, Florencio Randazzo -quien rechazó de plano una devaluación-, fue el encargado de reconocer la posibilidad de suspender el programa de cancelación de deuda con el Club de París, aunque indicó que a pesar de la crisis internacional la economía argentina está "consolidada".

Randazzo se expresó en estos términos al ser consultado sobre si el gobierno evalúa diferir el pago al organismo internacional para evitar el debilitamiento de las reservas del Banco Central.

"Es un tema que se está analizando, hemos tomado un compromiso y ellos están para cumplirse", afirmó Randazzo, tras recordar que "estábamos en la negociación con el Club de París para determinar fehacientemente cuál era la deuda y cómo iba a ser el pago".

La intención de poner en el "freezer" el pago al Club de París buscaría proteger el esquema de reservas del Banco Central, que actualmente están en los 47.000 millones de dólares. Pero si se descuentan las Letras y otros pasivos, las reservas netas se reducen a 25.000 millones de dólares, y se ubicarían por debajo de los 20.000 millones si se concretara el pago al Club de París.

Por otra parte, la jefa del Estado defendió el modelo iniciado en el 2003 y señaló que cosechará logros "si todos los actores económicos, si todos los sectores involucrado en la generación de riqueza, advierten con claridad que es necesario que todos pongan algo para seguir creciendo en armonía". Al clausurar el seminario de mujeres líderes en la capital, Fernández de Kirchner remarcó en otro orden que "el gran desafío" de las representantes femeninas de América Latina es "quebrar el problema más grave: la desigualdad".

"En un mundo de caída de algunos paradigmas, es hora de abordar un debate a escala global sobre cómo seguimos, cómo sigue un mundo que se ha enfrentado a una de las mas duras crisis que seguramente tendrá secuelas económicas y sociales que deberemos abordar y tratar", señaló la jefa del Estado en una referencia al desplome de los mercados.

En el gobierno se empieza a admitir así que el escenario internacional cambió 180 grados desde que se anunciaron ambas medidas. Y por ello gana consenso que sería negativo perder reservas -más de 6.500 millones de dólares- por una deuda que, en medio de la crisis bancaria y financiera, ha pasado casi al olvido entre los acreedores, y que, bien negociada, podría ser reprogramada. Además, un 30 % de esa deuda -unos 2.000 millones de dólares- aún no está vencida .

Por otra parte, el gobierno también debate planes para repatriar capitales radicados en el exterior mediante una reducción de impuestos que podrían ser destinados en parte a financiar gastos del Estado, aunque la iniciativa recibió varias críticas.

El eventual "blanqueo" consistiría en crear un fondo de fideicomiso afectado a la financiación de obras públicas, según fuentes del gobierno a "La Nación". La repatriación de fondos fue evaluada ante la posibilidad de que la reapertura de la renegociación de la deuda todavía en cesación de pagos sufra trabas ante los problemas que atraviesa la banca internacional y, de esa forma, se dificulte el acceso a la financiación externa. Roberto Lavagna cuestionó el eventual "blanqueo" de capitales, al considerar que en el mediano plazo su efecto es "tremendamente negativo" y "contraproducente". (DyN/Redacción)