NEUQUÉN (AN).- El gremio docente ATEN impugnó oficialmente la candidatura de Leila Graciela Martínez de Corvalán como vocal del Tribunal Superior de Justicia.

Se lo hizo saber ayer al ministro de Justicia, Trabajo y Seguridad, César Pérez, a quien le dejó un escrito donde señala dos causas para su toma de posición: el gremio cuestionó a la jueza por permitirle al cabo José Darío Poblete, condenado a prisión perpetua por matar al maestro Carlos Fuentealba, volver a desempeñarse en la policía, dejando sin efecto una sanción en su contra por apremios ilegales, en 1999. El otro cuestionamiento también se desprende de la muerte del docente: el rechazo impuesto por la magistrada a los maestros cuando pidieron ser querellantes en la causa Fuentealba II.

Sobre lo de Poblete, ATEN difundió ayer un documento fotográfico, en el que el Registro Nacional de Reincidencias y Estadística Criminal, es notificado de la "rehabilitación" actuada por la jueza.

A Pérez le dicen que esta acción de la magistrada "aún luego de cumplida la pena" fue "en desmedro de eventuales delitos que sus antecedentes permitían anticipar".

Respecto a la imposibilidad de constituirse como querellante después del asesinato del maestro, ATEN afirma en el escrito que "todos los trabajadores de la educación" quedaron afectados por el asesinato y que al adoptar un criterio "restrictivo" en torno al pedido del sindicato, Martínez de Corvalán "en su actuación pública, ha demostrado ausencia de independencia del poder político, en el conflicto más grave de los últimos años en la provincia".

La jueza recibió la causa para votar en medio del conflicto surgido en la Cámara de Apelaciones, tras una licencia impuesta al juez Héctor Rimaro, lo que configuró uno de los motivos que propiciaron la destitución del vocal del TSJ Eduardo Badano.

En un primer momento, por cuestiones administrativas, se excusó de intervenir. Luego tuvo que hacerlo.