El juez roquense Pablo Iribarren planteó una grave acusación sobre el Consejo de la Magistratura, que el 15 de setiembre lo suspendió 60 días por mal desempeño. En el recurso de casación presentado el viernes pasado aseguró que la parte fundamental de la sentencia ya estaba redactada antes de que comenzara el juicio político.

"Hemos llegado a la conclusión que en esta oportunidad se advierten circunstancias que denotan claramente la existencia de gravedad institucional, cuya consecuencia es un escándalo jurídico que quedará registrado como página negra en los anales de la historia político - institucional de Río Negro, pues es nuestra sincera convicción que la sentencia condenatoria, en sus esenciales partes, ya se encontraba redactada con anterioridad al debate", expresa textualmente la queja.

Las dudas de la defensa se consolidaron tras repasar la secuencia de hechos ocurridos el día del juicio. La audiencia inicial terminó pasadas las 14, luego los consejeros ingresaron a una instancia de debate para acordar el fallo y a las 21 Iribarren fue citado para conocer la resolución, de más de 20 fojas.

El presidente del cuerpo, Alberto Balladini, rechazó ayer esa imputación y adelantó que -a pesar de que los fallos del Consejo son irrecurribles- la presentación del magistrado será analizada hoy en Roca, para decidir si es admisible e ingresa al STJ para la instancia de revisión.

La sanción a Iribarren, derivada de su intervención en el caso Paita, tuvo mucha repercusión en ámbitos judiciales y profesionales de todo el país. En este sentido, varios fueron los juristas que consideraron un exceso la suspensión y se manifestaron públicamente. Por ejemplo, Mario Juliano publicó un artículo en el que opinó que "la suspensión a Iribarren comporta un agravio a las instituciones de la República, que en los hechos constituye un disciplinamiento de aquellos jueces independientes".

Sin embargo, quien más avanzó fue el constitucionalista Daniel Sabsay, quien aceptó patrocinar al magistrado roquense en la casación, firmada también por el abogado local Oscar Pineda.

Sabsay dialogó ayer con "Río Negro" y consideró que "es un proceso sumamente irregular, porque no se han observado cuestiones elementales en materia de debido proceso, se han desestimado prácticamente todas las pruebas que Iribarren ofreció y no se explicó por qué".

"Por otro lado, sorprende que a una persona que tiene 21 años de trabajo en el Poder Judicial, sin haber tenido una sola amonestación, le apliquen la pena más alta previo a la destitución.Es absolutamente desmesurado".

(Redacción Central / AV)