VIEDMA (AV).- El Superior Tribunal de Justicia solicitó un aumento presupuestario de 18 millones para el resto del año.

Este incremento -que equivale al 15 por ciento de la partida original- fue analizado en la víspera en la audiencia que el gobernador Miguel Saiz concedió al presidente del STJ, Alberto Balladini. En el encuentro -que se extendió por más de una hora- también repasaron el avance de la construcción del edificio de los tribunales roquenses, el presupuesto para el año próximo y la situación del convenio que otorgará el 82 por ciento móvil para las jubilaciones de jueces y funcionarios. Este acuerdo con Anses está firmado, pero su tratamiento legislativo se demora.

Balladini afirmó que esta cuestión no se abordó con Saiz, pero fuentes gubernamentales aseguraron que ambos evaluaron opciones para avanzar en su tratamiento y posterior implementación.

En relación al presupuesto, el titular del STJ reconoció que existe un requerimiento del Poder de 15 a 18 millones para completar el actual ejercicio. Recordó que la partida aprobada fue de unos 126 millones pero la proyección de la ejecución rondará los 142 millones. Admitió que se elabora el presupuesto para el 2009, pero que no están todavía los números finales.

El magistrado también expresó que aún no ha tenido la respuesta afirmativa del Ejecutivo para el adicional de recursos pedido, pero entendió que la proyección conversada" estará en los números solicitados. Manifestó que "siempre la ejecución sobrepasa el monto presupuestado originalmente porque estamos en una economía oscilante".

Al retirarse de Casa de Gobierno, Balladini afirmó a la prensa que con Saiz habló de la finalización de los tribunales de Roca, procurando precisiones sobre su habilitación porque hay que decidir sobre las unidades alquiladas.

Manifestó que habrá una reunión con la empresa para precisar cuándo estará concluido, recordando que su ejecución ya está encima del 90 por ciento. La pretensión del Poder Judicial está centrada en conseguir su habilitación para enero próximo.

Consultado por el 82 por ciento móvil para el Poder, Balladini afirmó que "ya no tenemos nada que hablar del tema con el gobernador", que se expidió, firmó el convenio y lo remitió a la Legislatura. La cuestión ya está en órbita del Poder Legislativo, que tendrán que decidir si ratifican el convenio firmado por el gobernador".

Destacó que "el tema es bastante profundo", aclarando que el régimen "no es de privilegio" sino que responde a una ley especial (24.018). Recordó que los jueces y funcionarios -según las Constituciones- son inamovibles en sus cargos, salvo que exista juicio político o que se pronuncien por el retiro. La renovación -agregó- que no se podrá realizar, salvo que exista la expectativa de una una jubilación como la prevista por la ley 24018.

Insistió en esa renovación de los cuadros judiciales "porque hay un segmento de funcionarios que superan los 70-80 años y si no se ofrece esa jubilación indudablemente no se van a ir".