En estos días, asistimos a un nuevo capítulo de la denominada petro-política en la provincia del Neuquén. La bibliografía especializada utiliza esta expresión para caracterizar el desenvolvimiento de aquellas sociedades cuyos ingresos presupuestarios mantienen una dependencia -tan clara como volátil- respecto de sus regalías hidrocarburíferas.

Las tratativas del gobernador Jorge Sapag con las empresas por la extensión de los contratos nos remonta a la inauguración del segundo período de gobierno de Sobisch (1999-2003) y al lanzamiento de lo que denominó su "alianza estratégica" con la gran petrolera Repsol-YPF. En este marco, en el año 2000 se acordó la prórroga por diez años de la explotación del yacimiento gasífero de Loma de la Lata, cuyo vencimiento operaba en el 2017. Las obligaciones de la empresa comprendían inversiones por un monto de 8.000 millones de dólares para el período 2000-2017 y otros compromisos menos relevantes.

Lo que aparentaba constituir una historia de entendimientos concluyó días antes de que culminara la gestión en acusaciones y amenazas de interrumpir la concesión. El entonces secretario de Energía de la provincia, Eduardo Carbajo, el 23/11/07 declaró que "está decidida la caducidad de la prórroga" ante el incumplimiento del programa de inversiones. La postura oficial se basaba en un estudio de la consultora del ex secretario de Energía de la Nación, Daniel Montamat, que estimó que la inversión del período por parte de Repsol marcaba una diferencia de más de 400 millones con lo comprometido.

La tormenta parecía inminente. Sin embargo, el nuevo gobierno del MPN abandonó esta posición dura y comenzó la renegociación, apoyándose en la llamada ley Corta, que reglamenta lo establecido en la materia por la reforma constitucional de 1994. Con esta normativa, el Estado central transfiere en forma plena a las provincias la administración sobre los recursos del subsuelo, resignando la posibilidad de proyectar una política nacional en relación a un rubro estratégico.

Los que discuten las condiciones son, por un lado, las multinacionales encabezadas por Repsol y Petrobras, con la presión del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Petróleo, cuyo líder es un destacado militante del partido gobernante. Por el otro, el Poder Ejecutivo y sus apuros.

En términos comparativos con otros movimientos políticos que intentan restringir la influencia de las empresas, o inclusive plantean la nacionalización, como Ecuador o Bolivia, las demandas neuquinas son menores. En el caso del acuerdo con Repsol, a cambio de la explotación de ocho yacimientos se pide un canon de 195 millones para otorgar la prórroga y un pequeño aumento de las regalías, que pasarían del 12 al 15% del valor en el mercado nacional del petróleo.

De concretarse éste y los restantes tratos con las empresas, se calcula que ingresarían unos 500 millones de dólares adicionales, monto cuya base de cálculo no ha sido especificada.

La Constitución neuquina, reformada en el año 2006, ratificó lo establecido por los constituyentes de 1957 en relación a la prohibición de otorgar concesiones de explotación a particulares, aun cuando jurídicamente el argumento es discutido al distinguir las prórrogas de las nuevas concesiones. A pesar de esta restricción, todo indica que la Legislatura se apresta a ratificar lo actuado por el Ejecutivo, ya que hasta el momento sólo tres diputados se pronunciaron en contra. Por su parte los intendentes, tanto oficialistas como de la oposición, se limitaron a reclamar su participación en la suma a cobrar.

Es sabido que en lo que va de la década, cada año el presupuesto de la provincia experimenta nuevos records. La principal asignación ha sido siempre el rubro de Gastos Corrientes y, dentro de ellos, el Gasto en Personal, que en el 2007 representaba el 53%. Las escasas oportunidades laborales fuera del Estado lo convierten en el gran demandante de mano de obra, lo cual se refleja en la evolución de esta variable. No sólo ha influido el continuo incremento de la planta de la administración pública sino también las sucesivas recomposiciones salariales, propias de una etapa inflacionaria.

Otro indicador para destacar es la deuda pública: en 1999 era de 490 millones de pesos, mientras que a fines del 2007 se elevaba a 2.400 millones, a lo que es preciso adicionar la emisión de bonos por 150 millones en abril del 2008 para afrontar la deuda vencida e impaga con proveedores y contratistas que dejó la gestión de Sobisch. Paralelamente, se acordó un endeudamiento con Nación por la inclusión de Neuquén en el Plan de Asistencia Financiera, con el fin de intentar cancelar algunos de los compromisos que vencen este año.

El inestable panorama petrolero muestra el último trimestre que los precios del oro negro, como commodity, están bajando en los mercados mundiales. Ya no se prevén valores de 200 dólares el barril, aunque el componente especulativo y la sombra que proyectan las actuales turbulencias financieras impiden formular proyecciones con seguridad. En la región, las petroleras hacen su tradicional juego de presiones, bajan la producción y exploración, amenazan con irse a la cuenca de San Jorge o al Brasil, demandando "seguridad jurídica", entre otras prácticas. De esta forma apuran las prórrogas y dejan aún menos margen de negociación.

Los tiempos políticos están dados por los cuatro años asignados a cada gestión de gobierno, mientras que los tiempos económicos en la industria petrolera exceden largamente este plazo. Las necesidades inmediatas se imponen así a los grandes principios o a la condición de resguardar el futuro.

ADRIANA GIULIANI Y ERNESTO BILDER (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Docentes de Economía de la UNC.