La Policía Federal efectuó ayer 86 allanamientos simultáneos, tres de ellos en unidades del Ejército, en el marco de la causa judicial en que se investigan presuntas irregularidades en licitaciones y compras realizadas por la fuerza.
Los operativos, ordenados por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, comenzaron a las 10 en el Batallón de Intendencia 601, con asiento en la localidad bonaerense de El Palomar, y en la guarnición militar de Campo de Mayo. También en oficinas de la Dirección de Asuntos Históricos del Ejército, ubicadas en la localidad de Ciudadela y en la Capital Federal.
Paralelamente, unos 200 efectivos realizaban otros procedimientos, la mayoría en la ciudad de Buenos Aires, aunque también en otros lugares del conurbano bonaerense y del interior del país.
El juez Canicoba Corral rehusó confirmar o desmentir los procedimientos y se excusó en que el expediente está "bajo secreto de sumario". No obstante, se pudo saber que los allanamientos apuntan a buscar "documentación" sobre supuestas empresas con las que el Ejército habría contratado bienes y servicios, y sobre las que la Justicia sospecha que pudieron tratarse de "firmas fantasmas", vulgarmente llamadas "sellos de goma".
De hecho, los procedimientos apuntan a constatar la existencia de esas empresas y a recabar toda la documentación sobre el giro de sus operaciones, en especial los vinculados con el Ejército.
Canicoba Corral investiga una denuncia impulsada por el Ministerio de Defensa por defraudación al Estado en supuestas acciones ilegales en diferentes unidades del Ejército.
La Unidad de Auditoría Interna (UAI) del ministerio que conduce Nilda Garré detectó la forma como se arreglaban contrataciones en la Fuerza y luego inició un proceso de identificación de los involucrados.
El escándalo, que estalló en agosto, provocó el pase a disponibilidad de 31 militares, y el 17 de septiembre se sumaron otros 13, al descubrirse más irregularidades.
Por esta cuestión, dentro del Ejército se generó revuelo, que se incrementó después al concretarse el pase a retiro del teniente general Roberto Bendini como jefe de la institución castrense, luego de que la Justicia de Comodoro Rivadavia lo procesó por el supuesto manejo de fondos en la XI Brigada Mecanizada de Río Gallegos, en una causa originada en 2003. Bendini, por decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue reemplazado por el general de división Luis Pozzi, quien era el subjefe del Ejército.
La denuncia realizada por el Ministerio de Defensa ocasionó los pases a disponibilidad de integrantes de la cúpula de la Fuerza, como el comandante del III Cuerpo de Ejército (con sede en Córdoba), general de brigada Gustavo Gabriel Schurlein, y del jefe del Comando de Aviación del Ejército, general de brigada Gustavo Serain.
En agosto pasado, cuando Garré sacó a luz presuntos actos de corrupción en el Ejército por compras irregulares, el fiscal federal Eduardo Taiano tuvo indicios que permiten sospechar que en esa fuerza armada se simularon competencias entre oferentes para adjudicar contrataciones determinadas de antemano.
Los presuntos actos de corrupción se descubrieron primero en el Comando de Operaciones Terrestres, en el Batallón de Intendencia 601 y en la Dirección de Asuntos Históricos del Ejército.
Al sospecharse que en estos lugares se cometieron irregularidades, fueron pasados a disponibilidad los generales Eduardo Salvador Gibelli y Mario Fernando Troncoso, y los coroneles Néstor Hugo Korbs, José Luis Giro Martín, Andrés Andreotti, Oscar Rubén Frascaroli, y Alberto José Bonetti.
