ROCA (AR).- Las tierras del Club del Progreso que fueron rematadas en un dudoso proceso en el año 2004, volverán al patrimonio de la institución. Así lo decidió el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que finalmente anuló el remate del predio ubicado en la zona de las 827 Viviendas, y que sirvió para cancelar una deuda que resultaba notablemente inferior al valor del predio ofrecido.
Los integrantes del máximo tribunal judicial también dedicaron varias críticas a la labor de los jueces quienes integraron la Cámara del Trabajo y los cuestionaron por su labor en el proceso.
"Los desatinos y las irregularidades que marcaron todo el trámite del incidente de ejecución descartan la idea de un verdadero y auténtico proceso judicial y tornan evidente el menoscabo de la garantía constitucional de defensa en juicio", indica en su primer voto el doctor Alberto Balladini quien aseguró que el proceso resulta totalmente "incomprensible".
Consideró que -a menos que se piense en una actitud fraudulenta- no se puede entender que para pagar una deuda de 1.837 pesos (más 735 de intereses) el presidente del club -que por ese entonces era Fabio Torriggiani- "voluntariamente" haya ofrecido a embargo un lote de 58.072 metros cuadrados ubicado en una zona céntrica, cuyo valor en el mercado era de 1.116.000 pesos, según indica una valuación realizada. Para el presidente del STJ también resulta "incomprensible" que no haya surgido ninguna medida tendiente a obtener la sustitución del embargo ya que salió a subasta con una base de 5.105 pesos lo que significa el 0,5 por ciento del valor del mercado. A ello se suma que no se puso en conocimiento al resto de los socios sobre la operación que se estaba llevando adelante.
"También resulta severamente cuestionable el proceder de la Cámara (que integraban los jueces Julio Passarón, Carlos Larroulet y Jorge Giménez) que, además de graves irregularidades, denota una excesiva lasitud en la tarea de control y reacción que la ley le impone a los magistrados y una renuncia tácita al deber de evitar que se configure un daño desproporcionado al deudor", dijo el magistrado, quien contó con el aval del doctor Víctor Sodero Nievas. El juez Roberto Maturana se abstuvo de emitir opinión.
De esta manera, el procedimiento por el cual se habían rematado las casi seis hectáreas y por el cual fue procesado el ex presidente de la entidad Fabio Torriggiani, fue anulado por lo que las tierras volverán a formar parte del patrimonio del club. Ahora el expediente deberá volver a la Cámara Laboral, que con distinta integración deberá evaluar nuevamente las acciones llevadas adelante.
Fuentes judiciales no descartaron la posibilidad de que las personas que hayan adquirido esas tierras, inicien ahora acciones legales contra el estado rionegrino al entender que sufrieron un perjuicio por la medida ordenada desde el STJ.
