SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Tribunal de Contralor del municipio inició un juicio de responsabilidad para dilucidar lo ocurrido con los 121.000 pesos de un programa social de Nación que durante la gestión anterior fueron desviados para el pago de sueldos y jamás fueron restituidos.

El presidente del Tribunal de Contralor, Oscar Cannizzaro, aseguró que la investigación ya está en marcha y que tras reunir la documentación requerida comenzarán a citar a los funcionarios involucrados. En principio deberán responder ante el Tribunal quienes cumplían funciones de intendente, secretario de Hacienda y dirección de Tesorería al momento de los hechos.

En ese grupo puede haber varios nombres porque la irregularidad detectada abarcó un lapso prolongado de tiempo. El desvío de dinero se produjo el 27 de agosto de 2007, cuando el intendente era Alberto Icare y la secretaría de Hacienda estaba a cargo de Darío Barriga. A fin de año, cuando venció el plazo para devolver el dinero a la partida original Barriga estaba a cargo de la intendencia (había asumido el 10 de diciembre) y el secretario de Hacienda era Alfredo Chara.

Pero también el actual intendente, Marcelo Cascón, cumplió un interinato en ese mismo cargo entre mediados de septiembre y el 10 de diciembre pasado.

Cannizzaro informó que la compensación nunca se produjo, lo cual le trajo además distintos contratiempos al municipio porque debido a la falta de rendiciones, la Nación retuvo otros programas de ayuda social destinados a Bariloche.

El dinero empleado para atender el pago de sueldos tenía como destino la finalización de las obras de un Centro de Integración Comunitaria en las 34 hectáreas, que hoy sigue a medio terminar.

Cannizzaro dijo que el caso puede ser encuadrado como "malversación de fondos" y merece el inicio de un juicio de responsabilidad.

Por primera vez en la historia del municipio el Tribunal apela a esa atribución, que fue reglamentada por ordenanza hace pocos meses.

Los funcionarios hallados responsables podrían ser sancionados con una multa económica y también el Tribunal tiene facultades para trasladar las actuaciones a la justicia ordinaria.

Según la ordenanza de Tribunal de Contralor, el juicio administrativo de responsabilidad "tiene por objeto determinar el daño causado y el responsable, por la conducta dolosa, culposa o negligente de un agente, funcionario o persona sujeta a contralor, respecto de los bienes del Estado municipal".

En este caso la situación más comprometida sería de la quienes ejercía la conducción del municipio cuando venció el plazo para devolver los 121.000 pesos a la partida original, esto es el pasado 31 de diciembre.