Con el envío a la Legislatura del proyecto de acta acuerdo con YPF, el gobierno se apresta a concretar un paso decisivo en su objetivo de aumentar la renta petrolera a través de la renegociación de los contratos de concesión, algo que considera indispensable para terminar de remontar la pendiente financiera heredada del gobierno anterior y enderezar la nave.

De ser aprobado por la Cámara y por el directorio de la empresa, el contrato que renueva con antelación hasta el 2017 la concesión de ocho yacimientos de petróleo y gas a cambio de un canon de 195 millones de dólares -175 millones de pago extraordinario y 20 en concepto de responsabilidad social empresaria- se convertirá en un caso testigo para el resto de las empresas que aguardan los resultados de esta negociación para tener una pauta a la cual ajustarse.

Si, como dice el gobernador, los yacimientos en manos de YPF representan un tercio del total de las concesiones de la provincia, cuando culmine la renegociación con las 16 restantes el gobierno podrá contar con 500 ó 600 millones de dólares extras. Eso, además de los tres puntos adicionales en las regalías, que pasarán del 12 a 15%, lo que en el caso de YPF representa unos 300 millones de pesos anuales y podría duplicarse si suscribiera un acuerdo similar la totalidad de las empresas interesadas. Sólo YPF, en fin, se comprometió a hacer inversiones en el período de prórroga por 3.000 millones de dólares.

Aunque la danza de millones marea un poco, las sumas en juego no son, con todo, tan extraordinarias como se podía suponer. Después de todo, sólo por Loma de la Lata, la española Repsol pagó hace ocho años 300 millones de dólares y comprometió inversiones por otros 8.000. Es cierto que aquél era un superyacimiento y que las reservas de petróleo y gas no han dejado de declinar desde 1998, pero no lo es menos que se está rascando el fondo de la olla y cada vez es menos lo que se saca.

Por añadidura, como han señalado algunos expertos en el tema petrolero, la renovación de las concesiones nueve años antes de que se hayan cumplido los contratos que vencían en el 2017 deja al desnudo el endeble control sobre los recursos.

Se podrá decir también que el momento en que se hizo la negociación no fue el mejor: los precios internos son bajos y desde que el gobierno y Repsol se sentaron a la mesa la economía del país sufrió las consecuencias de la crisis del campo. Además, con un escenario sembrado de dificultades financieras producto de la herencia envenenada de Sobisch y con los gremios y los intendentes mordiéndole los garrones, Sapag no negoció precisamente desde una posición de fortaleza.

Pero es un dato de la realidad que, definida la profundidad de la crisis y establecido que la única salida era incrementar la renta petrolera, el gobernador no podía elegir el momento. Menos aún saber de antemano que en el curso de la dilatada negociación el conflicto agropecuario afectaría las expectativas económicas.

Están también las críticas que se realizan desde una perspectiva fundamentalmente ideológica y que recalan en última instancia en el tenor de la política de hidrocarburos que lleva adelante el país a partir de la privatización de YPF o las que, en el caso neuquino, apuntan a las flaquezas constitucionales de concesionar los yacimientos a empresas privadas.

Se podría mencionar, inclusive, la desprolijidad cometida por el gobierno al enviar a la cámara un proyecto de acuerdo que, si todo va bien, recién será rubricado por el directorio de la empresa el próximo 3 de octubre.

Con todo, entre las fuerzas de la oposición nadie ha salido hasta ahora a decir que el acuerdo que se propone sellar Sapag es un mal negocio para la provincia. Por el contrario: aunque algunos se cuidan de aparecer elogiando al gobierno, no faltan quienes sostienen que, si bien el acuerdo puede estar por debajo de las expectativas iniciales, que estaban cifradas en un 'front payment' superior y en más puntos de regalías, es mejor que el alcanzado por otras provincias como Santa Cruz y Chubut, en especial que el sellado por esta última con la petrolera Chevron por el yacimiento Cerro León, considerado el más importante del país.

Aunque no salen a pregonarlo por ahí, admiten también que el acuerdo de Sapag es superior al alcanzado en el 2000, entre gallos y medianoche, por Sobisch. Y que, a diferencia de la actitud de este último, que actuó en las sombras y decidió como un monarca, el gobernador actual procedió con transparencia e inclusive se allanó a someter el convenio a la Legislatura aunque ninguna norma lo obligaba.

En verdad, si bien esto último es imputable al estilo más civilizado y democrático que practica el actual gobernador en comparación con su antecesor, no deja de ser un imperativo de la sociedad; después de todo, en los últimos años la ciudadanía ha dejado de extender cheques en blanco al MPN, algo que se advierte plenamente en el hecho de que las grandes ciudades pasaron a manos de la oposición.

Quitando el enérgico rechazo de la CTA, que se propone presionar a los diputados para que no presten su consentimiento al acuerdo, desde el arco político los únicos cuestionamientos que se hicieron oír no fueron de fondo sino dirigidos a la forma en que serán repartidos los recursos. Así, algunas voces ya se alzaron para reclamar un porcentaje mayor a los 15 puntos sobre el pago extraordinario que Sapag se comprometió a coparticipar entre los municipios. En todo caso, una cosa es segura: si se ponen de acuerdo en la repartija, radicales y peronistas no pondrán peros al momento de votar.

Esta actitud no deja de llamar la atención, porque aunque nadie lo dice con todas las letras, de lo que se trata es de consumir por adelantado recursos estratégicos que pertenecen a esta generación y también a la siguiente.

Es curioso observar hasta qué punto oficialismo y oposición coinciden, aunque más no sea tácitamente, en la política de seguir gastando a cuenta. Unos y otros comparten el diagnóstico de la crisis y la decisión de apostar a la renta petrolera como única salida y, si bien su grado de responsabilidad es disímil, no deja de ser compartida.

En el caso del gremialismo estatal, es notorio que las posiciones de principios adoptadas no le impiden, a su turno, abalanzarse sobre la olla. Se han puesto la servilleta y reclaman aumentos salariales adicionales a los ya recibidos en la primera parte del año, mientras golpean con el cabo de los cubiertos sobre la mesa. Sapag ha adelantado que las finanzas "están al rojo" y que a duras penas logrará juntar los pesitos para los aguinaldos, pero la presión gremial no cede.

La decisión oficial de crear un fondo fiduciario para poner a buen recaudo los recursos que vendrán de las prórrogas tampoco logra contener los reclamos de diputados e intendentes, que pugnan por llevarse una porción mayor de la torta. Es que la sociedad neuquina está hecha de la misma tela que el partido que la gobernó durante más de 40 años y el cortoplacismo ha calado hondo. Cualquiera sabe de sobra que el que pide algo se lleva. Y mañana, Dios dirá.

HÉCTOR MAURIÑO

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