CIPOLLETTI (AC).- "Vas a tener una casa, un buen sueldo, no vas a tener que preocuparte por los medicamentos para el nene, no te va a faltar nada", dice Ángela Peralta que le prometió hasta el gobernador Miguel Saiz cuando aún estaba internada en Buenos Aires junto a su bebé, en mayo de 2005. En ese momento su nombre y el de su pequeño hijo estaban en boca de todos. Eran "Ángela, la chica del Yectafer, y Maxi".
Pero pasaron más tres años y ahora la joven se siente "abandonada". Dice que no sólo se incumplieron la mayoría de las promesas que le hicieron, sino que el sábado se enteró que la provincia debe siete meses de alquiler del salón donde vive con sus hijos y sus dos hermanas. "Si me desalojan, ¿qué hago?", se preguntó ayer preocupada; indignada. "Yo no me busqué esto. Tenía un trabajo, mis hijos tenían obra social, mi embarazo iba bien. Estoy cansada de estar pidiendo y que ni siquiera me atiendan", reprochó.
Ángela estaba embarazada de seis meses cuando el 14 de mayo le aplicaron una dosis de hierro adulterado en el hospital de Cinco Saltos. Por ese inyectable estuvo en riesgo su vida y también la de su bebé, que estaba en la semana 26 de gestación. Ella tuvo que luchar en terapia intensiva y zafó de un trasplante hepático. "Maxi", como llamó al bebé que nació con apenas 1.300 kg, estuvo cuatro meses internado. Era un prematuro extremo, que aún tiene secuelas respiratorias.
Las alergias y los broncoespasmos son frecuentes en él. Ahora mismo está atravesando por una de esas crisis, contó su mamá ayer. Por los cuidados que demanda su salud, ella dice que no trabaja en invierno. "Se agita, se ahoga, y hay que saber hacerle los puf", mencionó.
"No puedo tener un trabajo fijo porque el nene me necesita", dijo la joven madre que ahora tiene 26 años.
Recordó que en los primeros tiempos el gobierno cumplió con lo que le había prometido. No le dieron una casa pero le alquilaron un salón en la zona céntrica que funciona como vivienda. Le dijeron que era algo "provisorio". Ya lleva tres años allí.
No era el lugar que esperaba pero ahora teme dejarlo; que la desalojen. Según contó ayer, sí le siguen pagando una beca por 950 pesos, dinero que utiliza para pagar los servicios, ropa, comida y también los medicamentos que necesita Maxi, porque con la burocracia de papeles generalmente no llegan a tiempo.
Es madre soltera y con ella vive además su otro hijo que tiene 8 años y los fines de semana se suma su nena de 10, que está con el padre. Además tiene a su cargo a dos hermanas adolescentes. "Siento que tengo una mochila muy pesada encima. Llamo y nadie me atiende. Nadie da la cara", contó agotada.
Aunque en algún momento hubo cinco procesados por su caso, no quedó ninguno vinculado a la causa penal que se inició. Sí sigue en trámite una demanda civil que inició por "daños y perjuicios" en contra del gobierno provincial. Sus abogados reclamaron dos millones de pesos.
