Los ingresos del Ipross subieron un 40 por ciento en el último año por el incremento de los aportes y la suba de los salarios públicos.

La obra social embolsó 112 millones en los ocho primeros meses de 2008, proyectando así una disponibilidad anual cercana a los 170 millones (unos 14 millones por mes).

El año pasado, el Ipross dispuso de unos 120 millones, es decir, 10 millones por mes. Los montos del 2006 oscilaron entre 7,5 a 8 millones.

El fuerte crecimiento de 2008 responde al alza del porcentaje de aportes de los empleados y las contribuciones patronales (Estado). Los primeros pasaron del 3,5 al 4 por ciento, y los desembolsos del empleador crecieron del 5,5 al 7 por ciento.

Esas reformas de financiamiento fueron aprobadas en diciembre en la Legislatura, encuadrándose en un requerimiento del actual presidente de la obra social, el entonces legislador Alcides Pinazo. El aumento en el porcentaje fue importante, pero la mayor inyección corresponde a los incrementos de las remuneraciones públicas.

La relación de aportantes por afiliados se duplica y, además, la disparidad de montos de aportes es alta, considerando el criterio solidario de la obra social.

En el Poder Judicial se aporta -en promedio- por retenciones personales que se descuenta directamente del haber- unos 237 pesos mensuales por cada estatal. Los

órganos de control continúan entre los mayores aportantes. Esta primacía se consolidó cuando se eliminó el tope, pues -hasta entonces- se utilizaba el monto límite de la AFIP en aportes provisionales para las retenciones para el Ipross.

En plena crisis, el STJ pretendió desvincular al Poder Judicial de la obra social y utilizar sus aportes para optar por otras obras sociales. Esta pretensión se formalizó en su presupuesto, pero no prosperó y se eliminó en el debate en la Legislatura.

El sector docente acumula el volumen mayor de depósito. Casi un tercio de los aportes de los empleados públicos pertenecen a Educación, aunque en promedio los aportantes docentes están entre los más bajos. Esta participación de los docentes deriva y suma elementos a la discusión política por la conducción del Ipross. La Unter siempre recurre al desembolso del sector para exigir un espacio en la Junta de Administración, pues no tiene representante entre los vocales gremiales.

El aporte inferior pertenece a los agentes de la administración central y los policías. Sólo supera los 42 pesos mensuales por estatal. La última reforma del Ipross estableció que ningún aporte podría estar por debajo de los 40 pesos.

Los jubilados rionegrinos tienen una retención personal importante, con 143 pesos, aunque su situación es especial. Sólo existe ese aporte porque no hay contribuciones. Así se acordó cuando se transfirió el sistema provisional a Nación. La Anses sólo actúa como agente de retención y luego remite esos fondos personales al Ipross.

Más allá del crecimiento de recursos genuinos, la provincia mantiene un desembolso extraordinario, que rondará este año los 20 millones. Estos fondos equivalen al 12 por ciento de la disponibilidad mensual del Ipross. Los aportes personales promedian los 94 pesos. La asignación de la provincia equivale a unos 28 pesos. En concreto, el subsidio estatal representa casi un tercio de la asignación de cada trabajador, cuyo beneficio alcanza a su grupo familiar.

Recientemente, la obra social reconoció que administra unos 80 pesos por cada afiliado.

Esa disponibilidad -según informó- se concentra en 26 pesos por cada afiliado para las prestaciones de internación/atención sanatorial, 25 pesos por medicamentos ambulatorios y prótesis; y 16,7 pesos por consultas médicas. El resto se completa con 2,25 pesos para el servicio odontológicos, y 3,6 pesos para la prestación de los bioquímicos. Los otros 6 a 7 pesos disponibles se asignan a atenciones especiales, quimioterapia y gastos de administración de la obra social.