NEUQUÉN (AN)- La Defensoría del Pueblo le pidió al Ejecutivo Municipal que recalcule la liquidación de pavimento construido a los vecinos que viven en torres de departamentos porque les cobra a todos igual, sin considerar la superficie de cada inmueble contrariando la norma legal.

Es así que un vecino que vive en un departamento de 100 metros cuadrados paga lo mismo que otro que habita uno cuatro veces más chico, de 25 metros cuadrados, en el mismo complejo.

Esta situación abarca a todos los inmuebles de Propiedad Horizontal (PH) con pavimento nuevo de las calles Miguel Camino, Villegas, Pehuén, Río Juramento y Río Dulce. Pero podría afectar a muchas más personas.

El problema advertido por la Defensoría del Pueblo es que el decreto reglamentario 808 estima las liquidaciones con una metodología diferente a la que establece la ordenanza 8.933 que regula la contribución por mejoras.

La ley municipal dice taxativamente que en el caso de los PH el cálculo debe realizarse sobre los metros lineales de frente o sobre los metros cuadrados de la superficie del departamento. El decreto, en cambio, determina para los

PH la subdivisión entre los propietarios en partes iguales, independientemente de la dimensión de cada inmueble.

La recomendación del organismo conducido por Juan José Dutto al intendente Martín Farizano es que derogue el decreto y vuelva a calcular los valores sobre base de la legalidad, la equidad y la razonabilidad.

La resolución se inició por la presentación de una vecina que hace tres años pidió vía correo electrónico información a la dirección municipal de Promoción de Obras la metodología utilizada para el cálculo de la suma que debía abonar.

La respuesta fue: "se consideran los valores partes iguales para cada una de las viviendas funcionales". Como su departamento tiene sólo 26 metros cuadrados, planteó en octubre de 2005 su disconformidad con la metodología.

Hace poco recibió una nueva notificación con el monto definitivo a pagar similar al comunicado en forma originaria; volvió a reclamar por correo electrónico y en respuesta recibió el decreto número 808 emitido el 17 de julio de este año.

Fue entonces que la damnificada pidió la intervención de la Defensoría, que detectó rápidamente la equivocación municipal.

La resolución, de 12 páginas, abunda en doctrina jurídica tributaria y relata cómo se calculan otros tributos y servicios, como los de propiedad inmueble, agua potable e inmobiliario, entre otros. Resalta la necesidad de respetar el principio de equidad y justicia.