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Condenados por tenencia de armas de guerra | ||
Ismael Freddy Fuentevilla Saa y Marcelo Villarroel Sepúlveda, dos ciudadanos chilenos que habían sido procesados en abril, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión efectiva. Fueron condenados durante un juicio abreviado. Chile los reclaman por el asalto y asesinato de un carabinero. | ||
Un tribunal argentino condenó el lunes a tres años y medio de prisión por portación ilegal de armas a dos ciudadanos chilenos reclamados en su país por su presunta participación en un asalto a un banco en 2007 durante el que fue asesinado un policía. Freddy Fuentevilla Saa, de 37 años, y Marcelo Villarroel Sepúlveda, de 35, fueron condenados por un tribunal de la ciudad de Zapala. Antes de ingresar al tribunal, que se encontraba fuertemente custodiado por la policía, Fuentevilla y Villarroel negaron los cargos que se les imputan en su país. Ambos fueron condenados durante un juicio abreviado que duró apenas unos minutos porque ya que se habían reconocido culpables. Ambos habían ingresado ilegalmente a Argentina, presuntamente a comienzos de este año, y fueron detenidos en marzo luego de protagonizar una riña en un bar. Cuando la policía intervino, halló entre sus pertenencias una pistola de nueve milímetros y un revólver calibre 45. Fuentevilla y Villarroel pertenecen al Movimiento Juvenil Lautaro -"lautaristas''- que llevaron adelante combates armados contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que tras el retorno de la democracia continuaron realizando actos violentos y otros delitos. En septiembre, una conocida de los detenidos -Andrea Urzúa Cid- fue arrestada cuando intentaba introducir una carga de explosivos a la prisión donde se encontraban alojados, presuntamente para ayudarlos a fugarse. La joven, de 28 años, también será sometida a un proceso judicial. En Santiago de Chile, el Subsecretario del Interior, Felipe Harboe, dijo que las autoridades persistirán en la solicitud de extradición para juzgarlos por el asalto y asesinato del cabo de carabineros, Luis Moyano. "Lo principal es que estas personas han quedado detenidas y se evita con ello que burlen la acción de la justicia. Nosotros como gobierno, obviamente, vamos a seguir adelante con nuestra solicitud de expulsión, que ha sido acogida por el gobierno transandino'', declaró. Fuente: AP | ||
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